Durante el debate en el Senado, especialistas señalaron que la propuesta vulnera tratados internacionales y no ha funcionado en otros países para frenar ataques.
En el inicio de la discusión pública en el Senado sobre la iniciativa para instaurar jueces y magistrados sin rostro en casos de delincuencia organizada, diversos expertos lanzaron una advertencia: la medida es inconstitucional e inconvencional. Según los especialistas, esta figura no garantiza la protección de los juzgadores y, por el contrario, contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos.
María Luisa Aguilar, representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, enfatizó que el anonimato judicial impide que los procesados conozcan la identidad de quien los juzga, lo que anula la posibilidad de cuestionar su imparcialidad o competencia. Asimismo, recordó que experiencias internacionales, como en Colombia, demostraron que esta medida no evitó el asesinato o amedrentamiento de jueces durante épocas de alto terrorismo.
Contradicciones internacionales
El senador Javier Corral reconoció que el reto legislativo es mayor para evitar que la reforma choque con el artículo 8.1 de la Convención Interamericana. Admitió que sería una contradicción para el Estado mexicano ignorar resoluciones de la ONU y sentencias internacionales, especialmente en un contexto donde se exige respeto al orden global.
Por su parte, Susana Camacho Maciel, de la organización México Evalúa, advirtió que de aprobarse en sus términos actuales, la reforma será impugnada a nivel internacional, lo que derivaría en recomendaciones y sanciones para el país por parte de organismos extranjeros.
Debate sobre el control judicial
Uno de los puntos más críticos señalados es la facultad que se le otorgaría al Ministerio Público para solicitar la reserva de identidad sin consultar previamente al juez. Mientras algunos sectores defienden la iniciativa argumentando que la protección actual es insuficiente, la mayoría de los expertos coinciden en que el sistema de justicia debe buscar mecanismos que no sacrifiquen el debido proceso ni las garantías mínimas de transparencia.
Fuente: Senado de la República | © Redacción NoticiasPV
