La defensa del vicealmirante denunció que la institución castrense se niega a entregar pruebas clave, utilizando la «seguridad nacional» como pretexto para violar el debido proceso.
El equipo legal del vicealmirante del Estado Mayor, Manuel Roberto Farías Laguna, denunció públicamente una serie de violaciones procesales que ponen en riesgo la legalidad del juicio contra su cliente. El despacho Mendieta & Asociados acusó a la Secretaría de Marina (Semar) de incurrir en desacato al ignorar resoluciones judiciales que la obligan a entregar información indispensable para la defensa del mando militar, actualmente recluido en el penal del Altiplano.
De acuerdo con los abogados, la Marina ha desobedecido órdenes emitidas por una jueza federal los días 10 de noviembre de 2025 y 22 de enero de 2026. En dichas fechas, se instruyó formalmente la entrega de datos necesarios para que el imputado pueda ejercer su derecho a defenderse, especialmente ahora que el periodo de investigación complementaria está por concluir.
Impugnan el uso de «seguridad nacional»
La defensa señala que la Semar ha utilizado el argumento de la «seguridad nacional» para mantener bajo reserva documentos que son vitales para desvirtuar las acusaciones. No obstante, el despacho jurídico sostiene que este razonamiento no ha sido avalado por la autoridad judicial y que se está utilizando de forma arbitraria para impedir que Farías Laguna acredite su inocencia.
«Se le vinculó a proceso sin pruebas suficientes sobre tiempo, modo y lugar de los hechos», afirma la misiva enviada también a la presidencia de la República. La defensa advierte que esta conducta no solo afecta la esfera jurídica del vicealmirante, sino que representa un atentado contra el Estado de Derecho, al permitir que una institución ignore mandatos judiciales expresos.
Llamado a la legalidad
Mendieta & Asociados hizo un llamado firme para que se garantice el acceso a la información ordenada por la jueza. Reiteraron que cuentan con la documentación que acredita las irregularidades y que el respeto al debido proceso debe prevalecer por encima de cualquier hermetismo institucional, garantizando así los derechos humanos del procesado.
Fuente: Gobierno Federal | © NoticiasPV
