Lorena Marisol Rodríguez defendió la gestión del hoy detenido Diego Rivera Navarro, negando las extorsiones a empresarios pese a las pruebas de la FGR que documentan cuotas millonarias.
En una declaración que desafía las investigaciones federales, la recién nombrada alcaldesa interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez, salió en defensa de la administración de su antecesor, Diego Rivera Navarro. A pesar de que el exedil se encuentra tras las rejas por delincuencia organizada y extorsión, Rodríguez afirmó tajantemente que bajo el mando de su compañero de partido «no había ninguna extorsión», contradiciendo los testimonios de empresarios y comerciantes que hundieron al exalcalde.
Tras tomar protesta el pasado domingo, la nueva edil buscó desmarcarse del grupo político de Rivera Navarro, asegurando que gobernará con total independencia. «A mí no me gustaría obedecer órdenes de otra persona», respondió a los cuestionamientos de la prensa, minimizando los señalamientos que vinculan al ayuntamiento con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El expediente que la alcaldesa ignora
Mientras Rodríguez defiende la «limpieza» de la administración pasada, la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta una historia muy distinta. El documento detalla un sistema de cobro de piso sistemático donde las cuotas oscilaban entre los 25 mil pesos y los 60 millones de pesos. Entre las víctimas se encuentran:
Un empresario licorero a quien le exigieron 150 mil pesos para evitar la clausura.
Un artesano obligado a pagar 50 mil pesos para reabrir y una «mensualidad» de 20 mil pesos.
Grandes empresarios a quienes se les impusieron «multas ilegales» de hasta 2 millones de pesos bajo amenaza de muerte por parte de sujetos armados.
Entre la lealtad y la realidad
Las palabras de la alcaldesa interina han generado indignación entre el sector empresarial de Tequila, ya que el expediente judicial describe una red de funcionarios —seguridad, catastro y tesorería— que operaba como brazo financiero del crimen. Pese a las evidencias de «levantones» y cierres arbitrarios de negocios, la nueva administración parece optar por el negacionismo mientras el municipio permanece bajo vigilancia federal para evitar represalias del grupo delictivo que, según la FGR, cogobernaba con Rivera Navarro.
Fuente: Expediente FGR | © Redacción NoticiasPV
