La prohibición absoluta de los vapeadores impuesta por el Gobierno Federal entregó un negocio de 1,500 millones de dólares a grupos como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, quienes ya extorsionan y controlan la distribución.
Lo que comenzó como una medida de salud pública bajo la administración de AMLO y se consolidó con la presidenta Claudia Sheinbaum, ha terminado por abrir una nueva y lucrativa veta para el crimen organizado. Con la entrada en vigor de la prohibición total para la venta y distribución de vapeadores en este inicio de 2026, expertos y comerciantes denuncian que el mercado ha quedado en manos de los cárteles.
“Al prohibir, estás regalando el mercado a grupos no estatales”, advirtió Zara Snapp, directora del Instituto Ría. El testimonio de un joven empresario que huyó a Estados Unidos tras ser secuestrado por un cártel en el norte de México confirma la agresividad de esta incursión: los criminales no preguntan, llegan a las tiendas para informar que ellos ahora controlan el negocio y la mercancía.
CJNG y Cártel de Sinaloa: Los nuevos «proveedores»
De acuerdo con informes de la ONG Defensorxs y testimonios de abogados del sector como Alejandro Rosario, el control es sistémico:
Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): Opera empresas dedicadas al reempaque de dispositivos de origen asiático.
Cártel de Sinaloa: Obliga a comerciantes a vender exclusivamente su mercancía a cambio de «protección» ante las autoridades.
Unión Tepito y grupos locales: Controlan el mercado negro en la CDMX y zonas turísticas como Acapulco.
De la legalidad a la extorsión
La nueva ley establece penas de hasta ocho años de prisión, lo que ha llevado a vendedores establecidos a cerrar sus puertas por miedo a la cárcel. Sin embargo, este vacío legal ha generado dos problemas graves: la falta de control sanitario sobre el contenido de los dispositivos (que ahora podrían estar adulterados) y el aumento de la extorsión policial.
Abogados como Juan José Cirión Lee señalan que la ambigüedad de la ley permite que autoridades corruptas «planten» vapeadores a ciudadanos para extorsionarlos, ya que la normativa no especifica cantidades permitidas para consumo personal.
«Te va a vender el que vende fentanilo»
Mientras el Gobierno celebra decomisos masivos, como los 50 mil dispositivos retirados recientemente en el Zócalo de la CDMX, la realidad en las calles es otra. El mercado de 1,500 millones de dólares anuales ya no pertenece a tiendas reguladas, sino a los mismos grupos que trafican con cocaína y fentanilo, utilizando los vapeadores —especialmente los desechables— como una fuente de financiamiento con baja visibilidad ante agencias internacionales.
Fuente: Instituto Ría / Colectivo México y el Mundo Vapeando / ONG Defensorxs | Redacción NoticiasPV
