La investigación revela un sistema de contrabando desde Guatemala que camuflaba armamento entre mercancía textil para introducirlo a México y entregarlo a grupos criminales. Raúl Rocha Cantú, es el dueño del concurso de belleza Miss Universo, donde la tabasqueña, Fátima Bosch, fue la ganadora y después se confirmó que el padre de la ganadora presuntamente tenía vínculos con el hoy señalado Rocha Cantú.
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La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de Miss Universo, está al centro de una red criminal sofisticada dedicada al narcotráfico, huachicol y tráfico de armas, que tenía conexión entre México y Guatemala.
Las indagatorias han revelado no solo el modo logístico para introducir armamento, sino también los mecanismos para corromper a funcionarios y comprar información confidencial desde el interior de la propia fiscalía.
Las pacas de ropa y fayuca
De acuerdo con información revelada por Latinus, la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024 por delincuencia organizada apunta que la red introducía armas de fuego ocultas en autobuses comerciales que transportaban pacas de ropa y fayuca desde la frontera con Guatemala.
Una vez en la Ciudad de México, los cargamentos llegaban a la zona de plaza Pino Suárez, ubicada a escasa distancia de Palacio Nacional. Desde ahí, el material pasaba a manos de operadores encargados de su distribución.
Según las acusaciones, los compradores principales eran organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito, La Chokiza y el Grupo Sombra de Veracruz.
La comercialización se realizaba tanto presencialmente como a través de canales digitales, siendo “Kevin” —identificado en la carpeta de investigación— el responsable líder de la venta en la capital. El perfil de WhatsApp de “Kevin” se transformó en un punto clave para las transacciones, según la FGR.
El expediente detalla además que Jacobo Reyes León (“Yaicob”, “El Lic”), socio del también señalado Jorge Enrique Alberts Ponce (“Yoryi”), operaba empresas de seguridad privada como Valvón Servicios Integrales, que funcionaban como fachada legal para la logística de armas y el lavado.
Infiltración institucional
Una de las revelaciones más contundentes de la investigación es la infiltración institucional lograda por la organización. De acuerdo con testimonios, registros bancarios y vigilancia física, Rocha y sus colaboradores pagaban sumas millonarias a funcionarios de la FGR —en particular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)— a cambio de información confidencial, copias de expedientes judiciales y alertas sobre el avance o riesgos de las indagatorias en curso.
El dinero, con montos que iban desde los 120 mil hasta dos millones de pesos, era entregado a Jacobo Reyes León, quien como intermediario pagaba a funcionarios a cambio de filtraciones.
Entre los destinatarios están Mari Carmen Ramírez Rodríguez (“La Fiscal”), ya detenida y vinculada a proceso, así como Diego Adrián Mendoza Pérez, agentes adscritos a la FEMDO. Según las investigaciones, ambos servidores públicos entregaban copias de carpetas y actualizaciones sobre acciones judiciales que permitían a la red anticipar cateos, bloquear avances procesales o borrar rastros clave.
Perfiles y estructura interna
El tamaño de la organización queda de manifiesto en la diversidad de perfiles involucrados. Raúl Rocha Cantú figuraba como financista principal, encargado de invertir capital y asegurar los recursos operativos para la importación de hidrocarburos robados y armas.
Su círculo directo incluía:
- Jacobo Reyes León, enlace entre la organización y funcionarios judiciales, operador logístico y especialista en protección institucional,
- Jorge Enrique Alberts Ponce, empresario vinculado con sectores de energía, seguridad y desarrollo inmobiliario, señalado por usar empresas como Acurgen S.A. de C.V. y Seicsa para contratos públicos y blanqueo de capital,
- Daniel Roldán Morales (“El Inge”), responsable técnico, operador de ganancias y rutas,
- Sergio Hurtado Perea (“Ingeniero Hurtado”), clave en el almacenamiento y movimiento de hidrocarburos,
- Alejandro Jacob Álvarez Arriaga (“Ale”), encargado de logística y apoyo financiero,
- Mari Carmen Ramírez Rodríguez y Diego Adrián Mendoza Pérez, funcionarios de la FEMDO responsables del acceso y filtraciones de información oficial,
- Paul Manrique Miranda, comandante con función de enlace y protección policial para la circulación del huachicol y armamento,
- Elizabeth Muzquiz Pineda, jueza federal con supuesta intervención proactiva en resoluciones y favores judiciales,
- operadores auxiliares como Sergio Abraham Lara Paz, Jeny Guzmán Cintora/Cintura y Jorge Alberto Gallegos Díaz.
Los documentos de la fiscalía muestran la existencia de centros de distribución de huachicol y armas, patios logísticos como “La Espuela” en Querétaro, estaciones de servicio controladas por la red y empresas de seguridad privadas que articulaban tanto el lavado de recursos como la protección física de cargamentos ilícitos.
Las órdenes de aprehensión emitidas el 15 de noviembre de 2025 incluyeron a trece personas; hasta el momento, solo una funcionaria ha sido detenida. En el caso de Rocha Cantú, éste se acogió a un criterio de oportunidad y figura como testigo colaborador.
