Las 13 detenciones anunciadas por las autoridades en el caso Guzmán-Muñoz abren nuevas interrogantes
Una serie de operativos coordinados por autoridades federales y locales resultó en la detención de 13 personas presuntamente vinculadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada.
Sin embargo, entre reservas de información oficial y el suspenso del móvil, emerge la versión de que la autoría intelectual podría encontrarse entre figuras de alto perfil político.
Y es que de acuerdo con el periodista Óscar Balderas, especializado en temas de seguridad y crimen organizado, el nivel de sigilo mostrado por las autoridades en la reciente conferencia de prensa podría responder a que la investigación apunta hacia “un juego político interno”.
Balderas expuso en entrevista con Milenio que “no es que no sepan (quién es el actor intelectual o el grupo que está detrás, es que es una bomba lo que seguramente han encontrado Omar García Harfuch y Pablo Vázquez”, dijo y aseveró que “es altamente preocupante, que esto fue un juego político interno, que hay gente de corbata, de cuello blanco, que está detrás de este crimen”.
El especialista insistió en que, aunque la mayoría de los detenidos tuvieron tareas logísticas relacionadas con la planeación y el escape, “detrás de eso, como seguramente ocurrió con el caso de Jefe Milton (Milton Morales Figueroa) y seguramente en el de Ciro Gómez Leiva, debe haber un responsable que trae traje y corbata y que está en una oficina de gobierno. Y me parece que ahí vamos a encontrar el sigilo de esa investigación”.
Balderas fundamentó su hipótesis en que Ximena Guzmán y José Muñoz no eran funcionarios ampliamente conocidos en el ámbito público, pero sí mantenían una relación de gran cercanía y confianza con Clara Brugada. El periodista señaló que la identificación y persecución de ambos durante al menos 20 días indica un acceso privilegiado a información sobre sus rutinas y vínculos personales.
El periodista advirtió que las preguntas fundamentales siguen sin respuesta: “¿Por qué los mataron y quiénes lo hicieron?” Afirmó que las autoridades no han precisado si existe un grupo criminal detrás de los hechos, aunque consideró posible la implicación del Cártel Nueva Plaza o Cártel Nuevo Imperio, señalados como responsables de ataques previos contra Milton Figueroa.
Según Balderas, estos casos comparten un nivel de preparación y penetración en círculos de gobierno que refleja la operatividad del crimen organizado y su creciente capacidad para influir o infiltrarse en estructuras políticas.
¿Qué dijo la Fiscalía sobre los avances en el caso?
La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron a conocer este miércoles que, tras el asesinato ocurrido el 20 de mayo, las autoridades lograron hacer 11 cateos en domicilios de las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco en la capital, así como en los municipios de Otumba y Coacalco en el Estado de México.
El resultado fue la detención de 13 personas relacionadas con el crimen. Entre los capturados se encuentran seis sujetos con órdenes de aprehensión por homicidio y asociación delictuosa, además de personas implicadas en actividades logísticas como la compra y ocultamiento de vehículos, recarga de celulares y vigilancia.
En la narración oficial, las autoridades confirmaron que la mañana del ataque, los agresores llegaron en una camioneta Urban, descargaron una motocicleta y, tras el asesinato, cambiaron de vehículos varias veces —entre estos un Nissan Kicks, un Renault Fluence y un Chevrolet Optra— antes de huir hacia Estado de México.
Las investigaciones establecieron que esta operación contó con una planeación previa de al menos 20 días y que el grupo delictivo intentó perpetrar el asesinato antes del 20 de mayo, pero no se concretó por cambios en la rutina de las víctimas.
Sobre los inmuebles cateados, la fiscalía detalló que en algunos se detectó la venta y posesión de narcóticos y, en otros, actividades de robo de vehículos, además del vínculo directo con el homicidio y la asociación delictuosa.
Dijeron que no existe evidencia de que Guzmán o Muñoz hubieran recibido amenazas previas, aunque las dependencias han realizado análisis de riesgo y capacitación en conciencia de seguridad para otros funcionarios públicos.
La fiscalía subrayó que las hipótesis sobre el móvil se mantienen abiertas y se reservan detalles para no afectar la investigación en curso.
