Crimen organizado presiona a ejidatarios para legitimar tala ilegal; autoridades reconocen impunidad y vacíos legales en la región
infobae.com
En medio de tensiones crecientes por la explotación desmedida de los recursos forestales, autoridades estatales y federales se reunieron el miércoles 23 de julio en la Mesa Interinstitucional contra la Tala Ilegal, con sede en el Palacio de Gobierno de Chihuahua.
La sesión, celebrada a puerta cerrada, sirvió para analizar los más recientes reportes de actividad ilícita en las zonas serranas, particularmente en los distritos sur y occidente. Funcionarios como los fiscales Juan Carlos Portillo Coronado y Silvia González, junto a representantes de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y colectivos ciudadanos, participaron en la revisión de estrategias para frenar este fenómeno delictiva.
De acuerdo con medios locales, uno de los principales acuerdos fue fortalecer los mecanismos de denuncia anónima para incentivar la participación comunitaria sin poner en riesgo la integridad de los denunciantes. Esto responde a un patrón alarmante, los grupos delictivos dedicados a la tala clandestina han refinado sus métodos, utilizando amenazas directas contra ejidatarios para apropiarse de documentación que les permite dar apariencia legal a la madera extraída.
Autoridades alertan sobre aumento de amenazas a comunidades forestales
Durante la más reciente sesión de la Mesa Interinstitucional, las autoridades estatales y federales reconocieron que la impunidad es uno de los mayores retos en la lucha contra este delito en la Sierra de Chihuahua.
A pesar de los esfuerzos para mejorar la vigilancia y endurecer las estrategias de combate, los grupos criminales han desarrollado métodos más sofisticados para encubrir sus actividades, aprovechando la escasa presencia institucional en zonas remotas y vacíos legales que dificultan el aseguramiento de madera extraída ilegalmente.
La necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas dependencias y sumar a organizaciones civiles que documentan esta problemática en campo fue uno de los acuerdos prioritarios de la reunión.
Uno de los hallazgos más preocupantes, expuesto por Juan Carlos Portillo Coronado, fiscal de la zona sur, es que los criminales han comenzado a amenazar a ejidatarios de las regiones sur y occidente para obtener documentación oficial que ampare la tala ilícita.
Con estos papeles emitidos por los propios ejidos, y validados por los aserraderos locales, los delincuentes logran que las autoridades no puedan decomisar ni la madera ni los productos derivados, conocidos como “tablas”.
Según explicó el fiscal, esta nueva modalidad impide que las fuerzas de seguridad aseguren troncos o árboles enteros que, aunque fueron talados clandestinamente, cuentan con documentos aparentemente en regla, lo que imposibilita una intervención legal directa.
El mismo informe del 26 de junio explica que entre septiembre de 2021 y junio de 2025 se recibieron 43 denuncias anónimas relacionadas con este delito; sin embargo, los datos obtenidos en campo y compartidos por mandos locales y federales indican que, durante este año, se ha identificado un aumento en el uso de amenazas para forzar la entrega de documentación en los municipios serranos.
Particularmente en Guachochi y Bocoyna, seccionales bajo mayor presión del crimen organizado, se detectó que los grupos armados obligan a los ejidatarios a legitimar la madera obtenida ilícitamente.
Ante ello, Portillo Coronado subrayó que se requieren nuevas medidas de verificación documental y entrevistas en estas comunidades, a fin de frenar la expansión de esta práctica.
Las últimas denuncias
Mediante el comunicado oficial, la FGE de Chihuahua informó que entre 2021 y lo que va de 2025 se iniciaron 176 carpetas de investigación relacionadas con la tala clandestina en diversas regiones de Chihuahua.
Bocoyna encabeza la lista con 80 indagatorias, seguido por Guachochi con 30, mientras que Guerrero y Parral registran 11 y 14 expedientes, respectivamente. Cuauhtémoc aparece con cuatro investigaciones, y el resto se distribuyen entre otros municipios como Ocampo, Balleza, Santa Bárbara, Madera, Ciudad Juárez, Chihuahua capital, y varias localidades más, incluyendo Huejotitán, Meoqui y Gómez Farías.
El mismo informe detalla que, durante ese lapso, se aseguraron 11 mil 094 metros cúbicos de madera, con un valor estimado en 35 millones 253 mil 763 pesos. Según datos incluidos en el documento, entre septiembre de 2021 y el 20 de junio de 2025 se recibieron 43 reportes ciudadanos anónimos, los cuales fueron atendidos con seguimiento específico.
Las denuncias anónimas se concentraron en Guachochi (7), Guerrero (4), Guadalupe y Calvo (4) y Bocoyna (4). También se recibieron alertas desde Cusihuiriachi (3), Balleza (3), Ignacio Zaragoza (2), San Francisco del Oro (2), y otras localidades como Ocampo, Dr. Belisario Domínguez, Chihuahua capital y Ciudad Juárez, con al menos una denuncia cada una.
Rarámuris exigen frenar tala ilegal en Chihuahua
El 22 de abril, integrantes de la comunidad indígena Bosques de San Elías Repechique se manifestaron frente al aeropuerto regional de Creel, en Bocoyna, Chihuahua, para exigir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y al gobierno estatal, encabezado por la panista María Eugenia Campos Galván, detener la tala ilegal en su territorio.
Respaldados por el colectivo Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), los rarámuris informaron que cuentan con un amparo con suspensión definitiva que reconoce su derecho de posesión sobre 11 mil 415 hectáreas, según informó el diario La Jornada, la sentencia del juicio 642/2018 emitida por el juzgado décimo de distrito el 2 de febrero de 2024.
Sin embargo, dicho amparo fue impugnado por dos particulares que reclaman ser dueños de predios dentro del polígono y poseen permisos para aprovechar los recursos forestales.
Contec explicó que las autoridades están obligadas a revocar esos permisos y proteger el derecho de posesión tradicional, pues no se realizó ninguna consulta previa a la comunidad.
Además, señalaron que empresarios de Chihuahua y Creel buscan instalar hoteles en ese territorio, lo cual agrava los problemas ambientales debido al consumo excesivo de agua, la descarga de aguas residuales en arroyos y la contaminación generada por el turismo motorizado.
Desde septiembre de 2024, el colectivo Agua y Bosques para la Vida denunció mediante el video “El bosque se acaba y el agua no llega” la devastación ambiental en la Sierra Tarahumara, donde el crimen organizado impone su dominio para explotar los recursos naturales.
Entre 2001 y 2023, la región perdió 21,800 hectáreas por incendios y otras 9,048 por tala ilegal, mientras que entre octubre de 2022 y abril de 2024 se registraron más de 3.3 millones de alertas de deforestación.
La superficie forestal deforestada entre 2017 y agosto de 2024 asciende a 35 mil 900 hectáreas —equivalentes a 32 mil 407 canchas de fútbol, lo que ha llevado a las autoridades a implementar medidas como el decomiso de madera, detenciones, sanciones a ejidos, y la verificación de 2,214 Centros de Atención (CATs) en coordinación con 57 municipios y SEMARNAT.
Se han asegurado más de 15 millones de pesos en recursos forestales y se mantiene una campaña permanente de denuncia ciudadana. La Fiscalía General del Estado (FGE) agilizó carpetas de investigación, particularmente en Guachochi, donde desde 2023 el crimen organizado controla los ejidos forestales más importantes.
Mientras tanto, la población puede reportar tala ilegal a la PROFEPA (614 420 04 53) o a la SEDENA (614 479 68 48).
