En audiencias por separado, los elementos municipales lograron la suspensión condicional del proceso: en un caso dos elementos pagarán $44,000 pesos, y en el otro, un tercer policía aportará $8,000 pesos
Comunicado.- En audiencias separadas celebradas en los juzgados de Puerto Vallarta, dos elementos de la policía vial de Puerto Vallarta y uno de Cabo Corrientes, obtuvieron la suspensión condicional de los procesos que se les siguen en diferentes casos que investigó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La tarde del lunes 16 de junio se llevó a cabo la audiencia encabezada por el Juez Primero de Control y Oralidad del Octavo Distrito Judicial, Luis Daniel Canales González, quien concedió a las policías viales Ángeles Margarita “N” y Natalia “N” la suspensión del proceso por los delitos de abuso de autoridad y cohecho, tras aprobar la propuesta de reparación del daño que presentó su defensa por un monto de $44,000 mil pesos.
Entre ambas uniformadas pagarán $28,000 pesos como reparación del daño a tres víctimas: $20,800 pesos para la primera, $5,200 pesos para la segunda, y $2,000 pesos para la tercera de las víctimas. Asimismo, aportarán $16,000 pesos a la asociación civil Centro de Apoyo a Niños con Cáncer (Canica) de Puerto Vallarta.
Como condiciones que deberán cumplir durante los próximos seis meses tendrán que residir en los mismos domicilios actuales y tienen prohibido acercarse y molestar a las víctimas, además de que deberán acreditar un curso de derechos humanos y de ética.
El 23 de septiembre de 2023, en calles de Puerto Vallarta Ángeles Margarita “N” y Natalia “N” le pidieron al conductor de un vehículo que se detuviera por pasarse un alto. Al dialogar con ellas, le pidieron $5,000 pesos al conductor para dejarlo ir. La víctima se negó solicitando que le entregaran su infracción.
Las policías le señalaron que él y sus dos acompañantes estaban alcoholizados y tenían que dar dinero; como no accedieron, pidieron refuerzos. Llegó otro elemento y entre los tres uniformados agredieron verbal y físicamente al copiloto y lo esposaron. En tanto, el conductor y el otro acompañante aprovecharon para escapar en el vehículo, pero chocaron cuadras adelante. Uno de los jóvenes logró huir a pie; el otro fue detenido y presentado junto con el que habían esposado previamente. Visiblemente golpeados, los dos jóvenes fueron puestos a disposición del Juez Municipal por la falta administrativa cometida.
Una de las víctimas se trasladó a Guadalajara y el 27 de septiembre de 2023 presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la cual se abrió una carpeta de investigación que fue integrada por la Agencia Regional de esta Fiscalía Especializada en Puerto Vallarta, y el 27 de enero de 2025 ambas policías fueron vinculadas a proceso por abuso de autoridad y cohecho.
El otro de los casos se desahogó la tarde del martes 17 de junio de 2025, en el cual el Juez Luis Daniel Canales también resolvió otorgar la suspensión condicional del proceso en favor del policía vial de la Comisaría de Seguridad Pública de Cabo Corrientes, Brayan David “N”, quien en octubre de 2024 fue vinculado a proceso por abuso de autoridad y por delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público.
En febrero de 2024, el policía vial atendió un reporte de accidente automovilístico en Cabo Corrientes. Pese a que los conductores ya habían llegado a un acuerdo, Brayan David “N” solicitó la presencia de una grúa para trasladar los vehículos a un depósito, sin llenar el folio de infracción. Además, ordenó que ambos fueran arrastrados de manera simultánea por la misma grúa lo que les ocasionó daños a los automotores durante las maniobras y el trayecto.
Una de las víctimas presentó su denuncia en la Agencia Regional de la Fiscalía Anticorrupción de Puerto Vallarta y se abrió una carpeta de investigación por la que fue vinculado a proceso.
Este martes, la defensa del elemento presentó un plan de reparación del daño en favor de la sociedad, consistente en donar $8,000 pesos al Refugio Infantil Santa Esperanza de Puerto Vallarta.
Además, se presentó ante el Juez constancia de que las víctimas no se oponían al plan reparatorio pues el policía ya les había pagado la reparación de sus autos.
Como condiciones, Brayan David “N” deberá residir en el mismo domicilio y tiene prohibido frecuentar los lugares donde se encuentren las víctimas, así como molestarlas, durante los próximos seis meses. Además, deberá tomar un curso de derechos humanos y de instrucción o preparación relativas a las funciones que desempeña.
