Considerado mano derecha de Genaro García Luna, el exdirector de Seguridad Regional enfrentará proceso penal por su presunta omisión en el ingreso de armamento estadounidense al país, en uno de los capítulos más opacos de la seguridad nacional.
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El exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, considerado uno de los principales colaboradores del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, enfrentará un proceso judicial por su probable responsabilidad en el operativo “Rápido y Furioso”, uno de los episodios más controversiales en la historia reciente de la seguridad nacional en México.
Un Tribunal Federal con sede en Hermosillo revocó el auto de libertad que había sido otorgado a Cárdenas Palomino a principios de 2024, y dictó auto de formal prisión por su presunta omisión en el fallido operativo que permitió el ingreso ilegal de más de dos mil armas de fuego desde Estados Unidos, muchas de las cuales terminaron en manos de organizaciones criminales, especialmente el Cártel de Sinaloa.
El operativo, ejecutado entre 2009 y 2011 por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, buscaba rastrear el tráfico de armas mediante chips instalados en los fusiles. Sin embargo, la estrategia fracasó y el armamento terminó siendo usado en múltiples actos violentos, evidenciando la falta de control y supervisión.
Cárdenas Palomino se encuentra actualmente preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde cumple una condena por tortura contra los hermanos Israel y Guadalupe Vallarta Cisneros, acusados de pertenecer a una banda de secuestradores. Esta situación se suma al nuevo proceso que enfrentará por la omisión en el operativo “Rápido y Furioso”, señalando la gravedad de su participación en uno de los casos más emblemáticos de la corrupción en las instituciones de seguridad mexicanas.
La resolución del Tribunal representa un avance importante en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas para aquellos responsables de permitir la entrada y uso de armamento en actividades criminales dentro del país, y destaca la conexión directa entre actores clave dentro del gobierno de Felipe Calderón y las fallas que derivaron en una crisis de inseguridad.
