La Fiscalía de Jalisco formaliza la sexta imputación contra presuntos integrantes de una red de reclutamiento forzado y desapariciones en Teuchitlán, mientras persisten las exigencias de justicia y verdad por parte de colectivos de búsqueda.
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La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que ocho individuos, incluido un presunto reclutador, fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares. Esta acción judicial se relaciona con los crímenes perpetrados en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Entre los procesados se encuentran Eduardo Daniel “N”, señalado como reclutador, y siete personas más: Gustavo Ángel “N”, Kevin Martínez “N”, Luis Alberto “N”, Juan Manuel “N”, Armando “N”, Ricardo Augusto “N” y Erick “N”. Todos ellos ya habían sido vinculados anteriormente en cinco carpetas de investigación relacionadas con desapariciones forzadas.
El Rancho Izaguirre fue intervenido por primera vez en septiembre de 2024 durante un operativo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en el cual se rescataron a dos personas secuestradas y se detuvo a diez individuos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, la Fiscalía estatal no realizó las investigaciones pertinentes en ese momento, dejando el inmueble sin resguardo ni análisis durante seis meses. Fue hasta marzo de 2025 que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, tras recibir una denuncia anónima, ingresó al rancho y descubrió restos humanos calcinados, tres hornos crematorios clandestinos y cientos de objetos personales, incluyendo ropa, mochilas y calzado.
Este hallazgo provocó indignación a nivel nacional e internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó el descubrimiento como «profundamente perturbador» y urgió a las autoridades mexicanas a garantizar investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes, así como a fortalecer los esfuerzos para identificar los restos encontrados y permitir la participación significativa de las familias en los procesos de búsqueda.
Colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos han exigido la identificación efectiva de las víctimas y la implementación de medidas de protección integral para las familias afectadas. Además, han solicitado la creación de un mecanismo internacional para la búsqueda de personas desaparecidas en México.
Con la vinculación a proceso de estos ocho individuos, se dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por un año, en espera de los juicios correspondientes. La Fiscalía de Jalisco continúa con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de todos los involucrados en este caso que ha conmocionado al país.
