La FGR obtuvo nuevas órdenes de aprehensión en contra de los elementos de la Sedena; los acusa por delitos de delincuencia organizada
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Una jueza de distrito dictó prisión preventiva oficiosa contra los ocho militares del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a los cuales se les había dictado su liberación el pasado 21 de enero.
Los soldados, que fueron reaprehendidos el 1 de febrero y recluidos, de nueva cuenta, en el Campo Militar 1A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tuvieron su audiencia inicial el viernes en donde su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para recabar más pruebas en favor de los militares.
De acuerdo con el diario El Universal, Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, dictó prisión preventiva oficiosa contra Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz; esto luego de otorgar la duplicidad del término constitucional solicitada por la defensa, encabezada por el abogado Alejandro Robledo.
El 1 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo ocho nuevas órdenes de aprehensión en contra de los elementos de la Sedena que presuntamente estuvieron involucrados en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Al menos tres de los ocho militares fueron detenidos por personal de la FGR cuando acudieron a firmar a las instalaciones de la Unidad de Medidas Cautelares, acción que formaba parte de sus medidas cautelares que se fijaron al momento de retirarles la prisión preventiva.
El abogado Robledo reveló que las nuevas acusaciones del Ministerio Público de la Federación (MPF) son por los delitos de delincuencia organizada. El periódico La Jornada, que cita información de un testigo protegido, señala que los ocho militares estarían siendo investigados por presuntos vínculos con la estructura criminal conocida como Guerreros Unidos, a los cuales se les atribuye el secuestro y desaparición de los normalistas.
En un giro reciente dentro del notorio caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, ocho militares fueron liberados de prisión por orden judicial el 21 de enero. La decisión se tomó en junio de 2023, tras haber sido arrestados previamente ese mismo año bajo órdenes de aprehensión ejecutadas por la Fiscalía General de la República.
Los militares estaban recluidos en el Campo Militar 1-A, y su liberación fue ordenada por una jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien modificó las medidas cautelares de los acusados, permitiendo su salida bajo condiciones específicas.
Estas incluyen la prohibición de abandonar el país, mantenerse alejados del estado de Guerrero, no aproximarse a los familiares de las víctimas, normalistas de Ayotzinapa, o a testigos protegidos, además de la obligación de firmar periódicamente y el pago de una fianza simbólica de 50 pesos. Esta resolución provocó inmediatamente respuestas de varias esferas del gobierno.
La Secretaría de Gobernación expresó su preocupación a través de una carta dirigida a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, advirtiendo sobre los posibles “riesgos” que conlleva la liberación de estos individuos, incluido el peligro de que evadan la justicia.
Por su parte, la FGR anunció que impugnaría la decisión, argumentando que se habían concedido “ventajas indebidas” a los militares, aunque no mencionó la emisión de nuevas órdenes de captura.
El abogado defensor de los militares criticó duramente la actuación de la justicia, describiendo la detención de tres de sus defendidos como acciones injustas y acusando al gobierno federal de manipular el derecho para alcanzar sus objetivos. Estos acontecimientos añaden otro capítulo a la prolongada búsqueda de justicia por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, un caso que ha generado atención internacional y clamor por la rendición de cuentas en México.
