Critican actuación dolosa de jueces en los juzgados civiles en Puerto Vallarta, «guardan expedientes y existe nula notificación»
Ni una más.
Soraya Guerrero, Betzy Ruelas, Miriam Villaseñor, Erika Roque, Nicolasa Nuño, así como Sandra Quiñones, forman parte del nuevo grupo denominado colectivo de Mujeres Víctimas de Violencia de la Bahía, quienes hoy en rueda de prensa, durante su presentación criticaron la actuación dolosa de los jueves civiles en el municipio de Puerto Vallarta.
Además alertaron que por la cercanía de las campañas electorales los partidos deben tener cuidado en postular a candidatos libres de violencia y apegarse a la ley 3 de 3.
Las voceras del colectivo informaron que en breve enviarán las denuncias correspondientes sobre los temas de violencia, principalmente que incluya a servidores púbicos y funcionarios de los distintos niveles de gobierno ante al Fiscalía Anti Corrupción y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CEDH.
En sus discursos, destacaron algunos posicionamientos.
Como es sabido nuestro estado y nuestro municipio son de las entidades con mayor número de casos de violencia contra las mujeres y ante la ausencia de políticas públicas que prevengan, pero también que nos permitan a las mujeres que hemos sufrido violencia hoy tener mecanismos que nos garanticen vivir una vida libre de violencia.
Esto significa que el acceso a la justicia a la que tenemos derecho sea mucho más difícil y complicada; pareciera que al estado no le interesa que las mujeres podamos no solo frenar la violencia, sino
darnos una vida plena.
Muchas mujeres que viven la violencia y que la han denunciado, se enfrentan a todo el aparato estatal para mantener a salvo sus derechos y no solo aquellos que tienen que ver son su integridad física, sino que incluso, aquellos derechos que deberían de ser tutelados de manera inmediata, como lo son, aquellos que se dirimen en los juicios familiares.
La falta de coordinación y comunicación entre los juzgados civiles que el juzgado penal adscrito al centro de justicia nos complica la vida día a día; ya que la protección que podemos lograr en el juzgado penal, en los civiles no es posible de manera inmediata, aunado a que las actuaciones civiles son tan lentas que nos vuelven no sólo a revictimizar sino a violentar.
Una violencia que las mujeres estamos sufriendo en esta ciudad tiene su origen en los juzgados, la violencia institucional por parte de los funcionarios judiciales es la constante en el trámite de divorcios, custodias y pensiones alimenticias; violencia de la que setiene que hablar y visibilizar para que las autoridades judiciales tomen cartas en el asunto y revisen el actuar y los procedimientos internos de cada juzgado.
Hemos detectado que los expedientes son detenidos por personal de los juzgados, ya sea porque el notificador no realiza las notificaciones en tiempo o porque en el trámite de un oficio, el funcionario encargado se le «olvida» darlo de baja, situaciones que nos causan una grave dilación en nuestros procedimientos judiciales, ya que estas detenciones no permiten que las promociones sean tramitadas a la brevedad además, que estas dilaciones le dan una ventaja a nuestra contraparte, porque, curiosamente, las dilaciones son cuando es a ellos a quienes se tiene que notificar o quienes tramitan el oficio.
Esta situación nos mantiene en un permanente estado de indefensión jurídica. La justicia en los juzgados civiles no es imparcial, sigue manteniendo el esquema patriarcal de protección a los varones v a nosotras nos siguen imponiendo el peso del estado para que no sigamos con nuestros procesos.
Esta misma situación se ha detectado en el juzgado penal adscrito al centro de justicia para las muieres; promociones que son detenidas por los funcionarios para que no sean tramitadas; ahí es mucho más grave la situación, porque estamos hablando de detener procesos penales donde las mujeres somos las víctimas.
La falta de capacitación de los funcionarios de los juzgados civiles en perspectiva de género y derechos humanos de las muieres no solo nos revictimiza, sino que ejercitan violencia institucional.
Se sigue permitiendo en los procesos de divorcio, custodias y pensiones los estereotipos y prejuicios en razón de género, incluso, los propios funcionarios en su «conciliaciones» nos siguen imponiendo los roles tradicionalmente asignados a las mujeres y no solo eso, en los casos donde las mujeres tenemos una carpeta de violencia familiar, de la que se le hace del conocimiento del juzgado, nos imponen dentro del proceso el que tengamos una audiencia de conciliación con nuestro agresor y de no comparecer, nos multan. ¿Qué mujer quiere sentarse a negociar con su agresor?
Es evidente que los juzgados no hacen una revisión exhaustiva de las demandas y contestaciones no de los escritos que se presentan, pero también es evidente la falta de conocimiento de los mecanismos de protección jurídica que existen en las leyes y tratados que nos protegen derechos.
Parece que el parámetro de actuación de los funcionarios de los juzgados es la proteger los intereses de los varones a pesar de que nosotras exhibimos documentos y pruebas que corroboran lo que presentamos, lo que les decimos en nuestros escritos. Y si somos nosotras las que iniciamos o somos las primeras en solicitar la protección de nuestros derechos o los derechos de nuestras hijas o hijos, los funcionarios son aperciben para que demostremos lo que estamos solicitando. Del lado que nos encontremos, tenemos aun la doble barrera para acceder a la justicia que los hombres.
Los iveces que son hombres son un gran impedimento para que las mujeres tengamos el acceso a la justicia de manera pronta, expedita y sin violencia, ya que en sus actuaciones predomina la mentalidad machista en la que se han formado. Lo mismo sucede con los secretarios de los juzgados.
Esta mentalidad se sigue plasmando en los acuerdos que se emiten, lo que es una forma de violencia institucional, ya que los acuerdos judiciales tienen que estar libres de estereotipos, roles de género y prejuicios y esto es violencia, violencia contra las mujeres.
En el juzgado penal sucede lo mismo con el juez que se encuentra adscrito ya que en sus audiencias se la pasa dándonos recomendaciones a las mujeres de cómo nos debemos de comportar para que no nossigan agrediendo, además de que condiciona y solicita previo a la petición de audiencia, que se le explique de que se trata, situación que está fuera de la ley, pero no solo eso, si no le parece como está integrada la carpeta, no señala audiencia si el agente del ministerio público no hace las modificaciones que le pidió.
Es un juez que falta al respeto a las mujeres, ya sean víctimas, bogadas, personal o ministerio público, además de que no conoce los mecanismos de protección a las mujeres y eso que está en el juzgado especializado en justicia para mujeres.
El retaso que hay en ese juzgado en el trámite de nuestras carpetas también es dilatado por el personal administrativo, la complicada entre defensores públicos, abogados particulares y funcionarios es otra de las barreras que también en ese juzgado tenemos que estar sorteando de manera permanente; mientras a nosotras nos aplican estrictamente la ley a nuestros agresores les dan chance, oportunidades, ventajas al final de cuentas. Si también en el juzgado del centro de justicia para las mujeres se sigue cuidando, protegiendo a los agresores.
Hoy queremos visibilizar esta situación a los medios de comunicación y a la opinión pública de Puerto
Vallarta.
Por esta violencia institucional ejercitada por los juzgados es que las mujeres que hemos sufrido violencia nos estamos reuniendo en colectivo, para entre todas hacerle frente al poder del estado que sigue cuidando a los agresores, a los deudores, a los presuntos feminicidas, porque sabemos que juntas somos más fuertes.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos:
Al poder judicial:
-Instrumente mecanismo permanentes de control en lo referente al trámite de los expedientes, para evitar las dilaciones por parte de los funcionarios.
-Se capacite de manera inmediata y permanente a todo el personal de todos los juzgados en esta ciudad en temas de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres
-Se le dé tramite a las quejas que existen en contra de la Administradora del juzgado penal adscrito al centro de justicia para mujeres.
