Gustavo Aguirre y su familia llevan un mes sin poder entrar a su domicilio y temen que las autoridades puedan fabricar falsas evidencias en su contra
Gustavo Aguirre Castro, anestesiólogo que reside en Los Cabos, Baja California, está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por haber comprado varias ampolletas de fentanilo que sería utilizado para procedimientos médicos.
Hace casi un mes, según una narración que compartió en sus redes sociales, más de una decena de patrullas, agentes de la Secretaría de Marina (Semar), elementos de la FGR, policías, perros y hasta un dron se apersonaron en su casa. Aparentemente, rastrearon el fentanilo que le había sido enviado por paquetería desde una farmacia de Guadalajara, Jalisco.
Aunque trató de conversar con las autoridades y contaba con la documentación que acreditaba la legal procedencia de la sustancia, su casa fue cateada y, posteriormente, asegurada.
En un primer momento, el anestesiólogo contactó al servicio de abogados que tenía contratado, pero sus asesores se negaron a tomar el caso en cuanto se enteraron de que había fentanilo involucrado, por lo que tuvo que buscar un nuevo equipo legal.
Testimonios de su actual abogado, recuperados por El Universal, detallaron que Gustavo Aguirre compró un total de 24 ampolletas de fentanilo con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pues contaba con un recetario para medicamentos controlados.
La casa del especialista quedó asegurada por la FGR. (Twitter/@juthsha)El paquete llegó a su casa y, cuatro días después, las autoridades acudieron al inmueble. “Aparentemente en el camino fue detectado el paquete porque viene pegada una receta del doctor que justifica de qué se trata ese fármaco. No lo incautan ahí, sino que dejan, dolosamente, que llegue a su casa”, denunció el jurista, según el citado medio.
“El medicamento que compré NO ES EL MISMO con el que se trafica de manera ilegal”, señaló el especialista al denunciar la situación en su cuenta de Facebook.
Pese a las aparentes inconsistencias en el proceder de la FGR —ya que Gustavo no ha sido detenido ni citado a declarar— su casa fue asegurada, por lo que ni él ni su familia han podido ingresar.
“Me cierran la casa, me dejan sin hogar. Tengo una hija de cuatro años, tengo una hija de un año que se quedó sin casa. Ya no soy yo solo el que está siendo dañado, ya está siendo mi esposa, mis hijas, mi familia”, compartió Aguirre en sus redes sociales el pasado 23 de julio.
En una nueva actualización sobre su caso, denunció la noche del 26 de julio que personal de la Fiscalía entró a su domicilio sin una orden, con la excusa de modificar los sellos de aseguramiento. Al no tener una autorización expresa para ingresar a su hogar, Gustavo temió que le pudieran sembrar alguna falsa evidencia.
“Llegan estas personas y entran a la casa sin permiso ni nada, nadie que les autorice, quitan los sellos y entran a la casa. Están entrando a la casa y están violentando. Tengo miedo de que vayan a agregar una pendej*da en la casa. Que quede desde ahorita, yo no estaba presente y tengo fotos de que están moviendo cosas en el patio y empiezan a tomar fotos”, narró en un video.
Ante esta situación, miembros de la comunidad médica externaron su preocupación y apoyo hacia el anestesiólogo. Por ejemplo, el Colegio de Medicina Interna de Los Cabos realizó un pronunciamiento en el que condenó la criminalización de la labor médica. Asimismo, en Culiacán, Sinaloa, y Tijuana, Baja California, se realizarán manifestaciones pacíficas para exigir respeto al gremio y justicia para Gustavo.
“Nosotros no somos narcotraficantes, el mismo fentanilo líquido no tiene la sal con la que se procesan las drogas, es ilógico que nos tachen de narcotraficantes, no es viable químicamente […] Somos anestesiólogos, salvamos vidas”, aseveró el especialista en un video.
