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OAXACA, Oax. (apro).- Debido a que el exgobernador Gabino Cué no tiene un domicilio a dónde enviarle citatorios, el Congreso de Oaxaca publicó dos edictos en el Diario Oficial -y prepara un tercero- para convocarlo a que presente pruebas en su defensa en el juicio político hace casi un año por el presunto desvío de 30 mil millones de pesos.
La presidenta de la Comisión Instructora de la LXIII Legislatura local, María de Jesús Melgar Vásquez, informó que el primer edicto se publicó el sábado 13 de enero, el segundo el 20 y el tercero será el 27, fecha a partir de la que el exmandatario tendrá tres días para que se apersone o envíe a un representante legal que lo defienda.
Es necesario, dijo, sentar un precedente de que se empieza a aplicar la justicia “para evitar que llegue gente saqueadora y sigan lastimando a Oaxaca, porque nada más vienen, roban y se van y no pasa nada. Entonces, es importante empezar a aplicar la ley porque así estos políticos lo pensarían antes de saquear y robar”.
La legisladora de Morena precisó que recurrieron a los edictos porque el exgobernador aliancista fue “difícil de localizar para hacer el emplazamiento por no tener un domicilio dónde hacerle llegar el citatorio, lo que significa que si no da la cara es porque anda a salto de mata”.
Los edictos también han sido publicados en un diario de circulación nacional, además de circular en las redes sociales.
Como medida adicional, Melgar Vásquez dijo que también solicitarán a la Auditoria Superior del Estado les entregue documentación sobre los presuntos desvíos del exfuncionario.
En febrero de 2017, la LXIII Legislatura local dio entrada a la solicitud de juicio político contra Cué Monteagudo por un presunto saqueo de más de 30 mil millones de pesos.
La solicitud fue presentada y ratificada por el senador Benjamín Robles Montoya y el Consejo Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad (CCCI), para luego abrir el proceso de acumulación de pruebas.
Además, continúan abiertas las investigaciones en la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra el exgobernador y excolaboradores por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia ilícita.
La diputada María de Jesús Melgar Vásquez reconoció: “Aquí lo que preocupa es la posición que tiene la bancada del PRI para sancionar a los que saquearon la entidad en la pasada administración que presidió Gabino Cué, porque no han firmado ningún acuerdo, salvo el de inicio, mientras que los del PAN a veces sí firman y a veces no. Incluso, el diputado de Morena, Jesús Romero, en esta ocasión no firmó”.
Respecto a la ASF, aceptó que podría proteger al exmandatario, pero “queremos confiar y queremos pensar que va a ser institucional y que nos va a dar informes, porque sería ilógico su actuar pues toda la gente vio lo que no se hizo y lo que faltó por hacer y que a estas alturas nos digan que no hay nada. Que nos digan por qué están detenidos sus secretarios de Salud. Hay que ser lógicos”.
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