Sin resolver en Veracruz, dos muertes y tres desapariciones de vacacionistas

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La decisión de una familia de Oaxaca de pasar sus vacaciones en Veracruz terminó de forma trágica luego de que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) presuntamente ejecutaron extrajudicialmente a dos de sus miembros y desaparecieron a tres más, en un episodio ocurrido a principios de este año, el cual ya mereció la atención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

La historia se inició el pasado 30 de diciembre de 2016, cuando la familia Ramírez Bravo, acompañada por varios amigos, salió en dos vehículos de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, para disfrutar algunos días de descanso en el puerto de Veracruz, explicó el abogado Homero Pérez Aquino, representante legal de las víctimas, en entrevista con La Jornada.

Aunque trataron de volver a su casa el 4 de enero, ese día ocurrieron diversas protestas contra el gasolinazo, lo que mantuvo cerradas las salidas de la ciudad y varias gasolineras. Entonces los paseantes oaxaqueños decidieron quedarse un día más e intentar irse por una ruta alternativa al día siguiente.

De acuerdo con el litigante, los hermanos Jaciel y Levi Ramírez Ramírez, acompañados por sus primos Rafael y Hugo Alberto Ramírez Bravo, y Luis Uriel Ortega Jaca, amigo de la familia, decidieron averiguar si era posible salir de Veracruz esa tarde y abastecer de combustible su camioneta modelo Escalade Cadillac.

Levi le avisó a su padre, Zoilo Ramírez, que ya iban de regreso al hotel para recoger al grupo de 15 personas, pero ese fue el último momento en que sus familiares supieron de él. Una hora y media más tarde, los vacacionistas se enteraron por las noticias de que Hugo Alberto Ramírez y Luis Ortega habían sido asesinados frente a una gasolinera.

De inmediato, la señora Ángela Ramírez se trasladó al lugar donde habían aparecido los cuerpos de su hijo Hugo Alberto y de Luis Uriel. Ahí, testigos anónimos les dijeron que quienes habían asesinado a ambos jóvenes y se llevaron a Jaciel y Levi Ramírez y Rafael Ramírez Bravo eran elementos de la Marina.

Luego de reconocer el cuerpo de Hugo Alberto, la señora Ramírez se trasladó a Huajuapan de León y volvió a Veracruz para presentar ante la Fiscalía estatal una denuncia por el homicidio de su hijo y la desaparición de Jaciel, Levi y Rafael. Fue en ese momento, según el abogado de la familia, cuando empezaron a salir a la luz diversas irregularidades.

Una de ellas es que los marinos encargados de las instituciones policiacas de Veracruz les negaron haber arrestado a los jóvenes desaparecidos o tenerlos bajo su custodia, aunque al investigar por su cuenta los familiares recabaron testimonios de marinos que admitieron de manera extraoficial que sí fueron elementos de la Armada los encargados de ese operativo.

Más aún: al indagar por el destino de la camioneta Escalade, se dieron cuenta de que el vehículo no aparecía registrado en ningún corralón, pero luego fue ubicado en uno donde ingresó el 14 de enero, pero con una boleta que consigna el ingreso del auto el día 22.

En el carro, según Pérez Aquino, no había ninguna huella dactilar, como si hubieran sido borradas por los uniformados, pero de todas formas ahí se encontraron tres cabellos que podrían ser de militares, a juzgar por la forma en que estaban cortados.

De igual manera se obtuvieron los videos de seguridad de la gasolinera donde fueron asesinados Hugo Alberto y Luis Uriel, pero –según el abogado– las cintas fueron editadas por la propia Marina y no se le permitió revisar el material.

El 9 de febrero, además, la señora Ángela Ramírez recibió una llamada anónima en la que se le decía que el responsable de la desaparición forzada era el teniente de corbeta Gardiel Andrade Arana, quien es miembro activo de la Marina, e incluso se le dio la dirección y el teléfono de una casa de seguridad de los uniformados.

El asunto ya fue retomado por la organización Idheas y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quienes presentaron el caso al Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.

Dicha instancia pidió al Estado mexicano que tome ‘‘medidas urgentes’’ para localizar a los tres desaparecidos y que otorgue medidas cautelares de protección a sus familias. Según el encargado legal de la defensa, al parecer los marinos confundieron a los jóvenes con un grupo de hombres armados a quienes se les reportó con un vehículo de modelo y color similar.

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