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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que tome “medidas cautelares”, así como el aseguramiento de las cuentas bancarias del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos por 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.
En rueda de prensa, los legisladores panistas encabezados por Mariana Gómez del Campo y Daniel Avila, también demandaron que la PGR cite a comparecer a los consejeros independientes de Pemex, con el objetivo de presentar “un informe detallado de su desempeño, especialmente sobre su actuación ante posibles actos de corrupción, vinculados con la asignación de contratos a Odebrecht”.
El PAN destacó que Odebrecht recibió diversos contratos durante la administración de Lozoya al frente de Pemex como fueron la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, la refinería de Salamanca, en Guanajuato, donde ganó la licitación del gasoducto Los Ramones II, otro proyecto de infraestructura para el transporte de gas natural, con un valor aproximado de 935 millones de dólares.
En su informe sobre la Cuenta Pública de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó diversas irregularidades en al menos dos contratos celebrados entre Pemex y Odebrecht, como fueron los casos de la primera fase del proyecto de conversión de residuales en la refinería de Salamanca, donde la compañía brasileña consideró 75 salarios mensuales para el desarrollo de las actividades por un monto de 822 mil 200 dólares. La ASF consideró este monto “un cargo injustificado”.
La otra irregularidad detectó como injustificado el gasto de 120 millones de pesos en la construcción de un proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula. Durante una visita en 2016, los auditores constataron la subutilización del 95% del inmueble, construido para la residencia de obra del proyecto de refinería.
Por otro lado, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) denunció que Pemex le adjudicó sin licitación a Odebrechet dos contratos por tres mil 606 millones de pesos para mover tierras y construir accesos y obras externas en la refinería de Tula.
El presidente de la CMIC, Gustavo Arballo, declaró al periódico Reforma que este monto es exagerado porque “en la lectura del objeto de los trabajos a realizar no se percibe ninguna especialidad, seguridad, ningún sentido de urgencia”.
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