Rafa Cervantes y José Gómez autores de la corrupción con la «presidencia de cartón»

* Fue un negocio a base de corrupción que emprendió Rafael Cervantes Padilla, cuando fue presidente municipal, el tiempo no le alcanzó para continuar con la idea de concentrar todas las dependencias en el edificio; solo una cuantas oficinas lograron concentrar hasta que la Secretaría de Energía ordenó el desalojo del lugar, porque ponía en riesgo la seguridad de las personas. Después entró como presidente municipal, su cuñado, José Gómez Pérez, quien lejos de defender los intereses de la comuna, dejó pasar los términos legales- jurídicos que recayó en el gobierno de Jaime Cuevas, quien hoy habló claro y le puso nombres y apellidos a esta gran corrupción que busca saquear el erario público por los próximos 25 años. Y anunció: «Bahía de Banderas tiene Presidente y para rato»

Por Lorena Moguel
Videos: Paty Aguilar | José Luis Preciado Trujillo
NoticiasPV

Esta mañana en rueda de prensa, el presidente municipal, Jaime Cuevas Tello, acompañado de líderes sociales, servidores públicos, regidores y síndico, dejó en claro que defenderá a toda costa al pueblo de Bahía de Banderas de todos aquellos que buscan afectar la estabilidad política, económica y social del municipio; al igual les advirtió «no van a saquear al municipio» y agradeció el apoyo del gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, quien a través de los legisladores, a excepción de uno (Ismael Duñalds), han mostrado su apoyo para continuar con la lucha legal que representa defender esta entidad.

Lo anterior se desprende de lo que se dió a conocer en redes sociales, relacionado con la sentencia del Juez de Distrito, que ordenó la separación del cargo al presidente municipal, secretario, tesorero y síndico del X Ayuntamiento del municipio de Bahía de Banderas por desacato e incumplimiento de sentencia de amparo. Todo esto relacionado con la famosa «presidencia de cartón».

En su participación, el primer edil fue claro en su mensaje al ofrecer nombres y apellidos de quienes promovieron la gran corrupción que hoy enfrenta la administración pública con en este problema legal, que conlleva a la afectación de las finanzas públicas para beneficiar a unos cuantos.

«Esto ha sido producto de la corrupción inmersa con la que actuó el Gobierno de Rafael Cervantes Padilla entre los años 2012 y 2014 y de la complacencia de su cuñado y sucesor José Gómez Pérez del 2014 al 2017», así de claro fue el presidente municipal, quien cuestionó «por qué la corrupción? por las estratosféricas cantidades con las que fue aprobada en aquellos años dicha concesión, que está lejos de ser una renta que se acerque a precios reales, inclusive de hoy en día y que fueron impuestos en esa administración».

Y es que, el Secretario General, expuso minutos antes que el contrato que firmó Rafael Cervantes en el 2014 a favor de empresarios el gobierno los obligaba a pagar la suma de 1.7 millones de pesos mensuales a 25 años, lo que representaría para la administración pública un desfalco de 520 millones de pesos aproximadamente, algo así como más del 400 por ciento del techo financiero. Cabe destacar que de dicha empresa se desprende el nombre del empresario Luis Cohen Fis.

Estos intereses empresariales, dijo el primer edil, buscan detener el progreso de Bahía de Banderas, «pues el impacto de pagar las cantidades mencionadas por el Secretario sería paralizar, no sólo la presente administración, porque significaría dejar de hacer obra, detener los apoyos sociales, no realizar mantenimiento a las infraestructuras, detener pagos a proveedores» y por consiguiente provocaría afectación en el turismo al no tener los servicios públicos requeridos.

Cuevas Tello aclaró que esto no es un pleito con el sector privado, sino «contra la injusticia, la incompetencia y el desaseo con el que realizaron los procedimientos y que derivaron en, no sólo un pleito, sino en la posibilidad de que tres empresas diferentes puedan reclamar derechos sobre una misma cosa».

Destacó lo que todos saben, el edificio está mal construido, pone en riesgo la seguridad de quienes puedan estar ahí y es prácticamente como lo calificó el alcalde «un edificio de papel», del que tuvo que intervenir la Secretaría de Energía y ordenar el desalojo de la misma. Y es que, al ingresar al lugar se observa en pésimas condiciones, la estructura está dañada, ventanas rotas, techos de plafones que se aprecian en el piso, sin electricidad, sin el servicio sanitario, y peor aún está construído en terrenos ejidales que ya buscan los ejidatarios reclamar, toda vez que hay conflictos legales por esas tierras.

Jaime Cuevas pidió diálogo con los empresarios del Grupo México y su subsidiaria Grupo Minero IMEX, quienes llevaron a cabo lo que consideran su derecho legal, pero de todos conocidos bajo el amparo de la corrupción. «Platiquemos sobre realidades y no sobre mezquindades y avaricia», pidió y señaló que si la empresa continúa con esa tónica, ellos ponen en riesgo el prestigio de su marca, aunado a que buscará advertir a sus homólogos del país la clase de productos que ofrecen.

«Minera Imex: Bahía de Banderas los invita a platicar, debemos buscar soluciones de manera urgente, que nos permitan avanzar y recuperarnos la confianza mutua. Estoy consciente que el Grupo que los respalda es muy fuerte, pero jamás será tan fuerte para doblar la fe con que un nayarita defiende su tierra y a los suyos. Se los decimos sin temor, ni titubeos: ¡con Bahía de Banderas no se juega», advirtió.

Derivado de todo esto, el alcalde hizo un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que desde su respectivos cargos se reconsidere e intervengan en esta controversia, «pedimos que busquen justicia a partir de una profunda evaluación de nuestra situación y no un ciego entretenimiento de la norma… que se solucionen la «litis pendiente», entre las empresas que concursaron, que valoren y respeten el derecho del Ejido sobre un bien que aún les pertenece jurídicamente».

Por lo pronto, quedó en claro que continuarán protegiendo los intereses de los habitantes de Bahía de Banderas.

                                                         
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