A partir de este lunes 17 de febrero, Puerto Vallarta tendrá esta nueva oficina que se ubicará en el edificio de la UNIRSE.
Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar encabezará la puesta en marcha de la primera agencia regional de la fiscalía anticorrupción con sede en Puerto Vallarta.
El fiscal especial en el combate a la corrupción del gobierno del estado, tendrá a su cargo la inauguración en una ceremonia programada este próximo lunes 17 de febrero a las 9:30 horas en la sede de la Unidad Regional de Servicios, UNIRSE, ubicada sobre avenida de Los Grandes Lagos en el fraccionamiento de Fluvial Vallarta.
Cabe destacar que esta primera agencia regional, proyectada en Puerto Vallarta, de la fiscalía anticorrupción depende de la propia instancia en la entidad.
Según se establece, la Fiscalía Anticorrupción, cuyo nombre oficial es Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, es una Fiscalía Especial, dependiente de la Fiscalía General del Estado, con competencias en todo el territorio nacional, que investiga y conoce de los procesos de especial trascendencia, relativos a los delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción.
También asume la investigación de los delitos económicos cometidos por grupos organizados, salvo que sean de competencia específica de la Fiscalía Antidroga o de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
De acuerdo con la página web del gobierno de Jalisco, la Fiscalía General del Estado es la responsable de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en términos de lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tiene a su cargo la institución del Ministerio Público y es la encargada de conducir las funciones de la investigación de los delitos, de la seguridad pública, de mantener el orden y la paz pública, de la conducción y mando de las policías, del ejercicio de la acción penal y la relativa a la acción de reparación del daño ante los tribunales.
La aplicación de sanciones por las infracciones en materia de vialidad que disponga la ley correspondiente, así como del sistema de reinserción social, protección civil y atención a víctimas, rigiéndose por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
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