Michoacán no conoce la paz desde hace décadas, pero en 2006 comenzó ahí una estrategia de seguridad fallida que hasta hoy tiene a la población sometida a los grupos criminales que se disputan su territorio. Silvano Aureoles denunció la operación de los cárteles sólo tras la victoria de sus rivales.
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Michoacán no conoce la paz desde hace décadas, pero en 2006 comenzó ahí una estrategia de seguridad fallida que hasta la fecha tiene a la población sometida a los grupos criminales que se disputan su territorio. Sin embargo, el gobernador Silvano Aureoles, señalado él mismo por presuntos vínculos con criminales, decidió denunciar la operación de los cárteles sólo tras la victoria electoral de sus rivales políticos.
MORELIA, Mich. (proceso).- La madrugada de aquel miércoles de 2006 en que un comando armado arrojó seis cabezas humanas en la pista de baile del centro nocturno Sol y Sombra, del municipio de Uruapan, fue el principio de un desastre para Michoacán. Los enfrentamientos, las ejecuciones y las feroces disputas por el control de territorios se convirtieron en una realidad cotidiana en la que el gran ausente ha sido el Estado mexicano.
Han trascurrido tres lustros desde ese 6 de septiembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón, y como gobernador Lázaro Cárdenas Batel, echaron a andar el Operativo Conjunto Michoacán, con el que se inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Hoy Michoacán permanece colapsado en materia de seguridad. Organizaciones criminales se disputan el territorio con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que con el paso de los años se consolidó como la fuerza delictiva con mayor expansión en la entidad.
Con el gobierno saliente de Silvano Aureoles Conejo, el estado ha visto transitar tres administraciones en constante conflicto con el gobierno federal, rebasadas por la delincuencia organizada y con señalamientos de presuntos acuerdos y vínculos con organizaciones criminales.
El costo de sangre que ha pagado el estado en dos décadas se incrementó de manera exponencial durante el gobierno silvanista: de los 765 homicidios dolosos registrados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2015 –año de su arranque–, para 2020 pasó a mil 976.
El panorama no mejora en este 2021. En junio las carpetas de investigación ya ascendían a mil 64.
Según el Informe de Seguridad presentado durante la conferencia matutina presidencial del pasado miércoles por el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, los homicidios dolosos en Michoacán suman mil 280 en 2021, lo que ubica a la entidad entre las cinco con mayor número de casos en el país.
Criminalidad a tope
Michoacán es geográficamente estratégico para el arribo y distribución de estupefacientes: el puerto de Lázaro Cárdenas es punto clave para la llegada de drogas desde Sudamérica, China e India.
Para mayo la Secretaría de Marina ya registraba 211.5 kilos de clorhidrato de cocaína asegurados en el puerto. En 2020 la dependencia reportó 307.86 kilos asegurados de embarques provenientes de Colombia y Ecuador.
La colindancia de Lázaro Cárdenas con la región de Tierra Caliente, y las ventajas de ésta en rutas para la distribución y producción de drogas, ha hecho de la zona el epicentro de la criminalidad que afecta a todas las regiones de Michoacán.
Los 17 municipios que forman la zona acumulan en este siglo 2 mil 711 homicidios dolosos. En 11 de ellos sus años con mayor número de casos corresponden al actual sexenio estatal y principalmente a los municipios de Buenavista, Múgica, Huetamo, Aguililla y Apatzingán.
Aguililla es claro ejemplo del costo que paga la sociedad por la disputa de territorios entre las bandas delictivas. Los enfrentamientos entre integrantes del CJNG y Cárteles Unidos (CU) –que aglutina fuerzas de Los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec, los Caballeros Templarios, Blancos de Troya y La Nueva Familia Michoacana– han evidenciado la ausencia de la autoridad ante la población sometida o desplazada.
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