Hasta ahora, el Gobierno mexicano había desvelado que como parte del acuerdo sobre migración con EE UU iba a poner en marcha un proceso de identificación y registro de los migrantes al cruzar su frontera sur. Este jueves, el canciller Marcelo Ebrard fue un paso más allá y reconoció que, “probablemente”, niegue la entrada a los migrantes que pretendan atravesar México rumbo a EE UU porque esto significaría “crear un problema a nuestro país”.
Las últimas declaraciones de Ebrard, que encabezó la delegación diplomática que alcanzó el acuerdo en Washington el viernes pasado, ahondan en el tono ambiguo con el que México ha ido comunicando los detalles del pacto, vendido como una victoria política al lograr desactivar la amenaza arancelaria de Donald Trump. Sobre la militarización de la frontera con el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional –en el texto del acuerdo no especifica la cifra–, el canciller repitió que el nuevo cuerpo militar “ya se encuentra desplegado en todo el territorio nacional”.
Tras participar en los actos de homenaje al exilio republicano español en Veracruz, Ebrard quiso subrayar también la pata del acuerdo que México está apoyado con más firmeza, y que vendría a compensar los compromisos policiales. “Se hizo un plan para Centroamérica con la ONU, un plan inmediato de empleo”, apuntó en relación a la estrategia de cooperación y desarrollo anunciada ya en noviembre, que contempla la participación de EE UU con una inversión de 5.800 millones. “Ya se inició la primera inversión en El Salvador y nosotros vamos a ayudar para que el plan se haga en toda Centroamérica”.
Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación (Interior), sobre la que penden las competencias en inmigración, pero que no tuvo representación en las negociaciones de Washington, manifestó por su parte el miércoles que ante la crecida de los flujos migratorios de los últimos meses -140.000 personas en el mes de mayo- se pondría en marcha “un modelo especial mexicano que va a promover las visas de trabajo y la atención de los derechos humanos de los migrantes”.
El presidente de la Cámara de Diputados, también salió al paso de la polémica esta semana, en una de las primeras discrepancias públicas dentro del seno de Morena “Estamos actuando, justamente, como un país colonizado. México está entrando de un estatus de economía colonial a un estatus de política colonial. “Estados Unidos aprieta económicamente y nosotros le damos todo”, señaló el miércoles en un entrevista radiofónica Porfirio Muñoz Ledo.
Más allá del cruce de declaraciones, México y EE UU se volverán a sentar en 45 días, mes y medio, para evaluar si las medidas, sean las que sean, han tenido éxito. En caso contrario, en 90 días podría subir la exigencia de las condiciones estadounidenses . El acuerdo alcanzado in extremis el pasado viernes, de ninguno modo en un sello definitivo. Durante esta semana, Trump ha vuelto a insinuar que no descarta volver a sacar la espada comercial para imponer sus condiciones migratorias en campaña electoral.
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