Marco Antonio fue víctima de detención arbitraria, desaparición forzada y posible tortura, asegura la Redim

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Detención arbitraria, desaparición forzada y posible tortura son algunos de los abusos sufridos por el adolescente Marco Antonio Sánchez Flores, aseguró Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), una de las organizaciones que representa al estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM.

En entrevista con Apro, el defensor consideró que “no hay condiciones para una investigación imparcial y diligente”, ante la negativa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, del procurador general de Justicia, Edmundo Garrido Osorio, y el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada, de que el caso se trató de una desaparición forzada.

Por el contrario, dijo que al clasificar el caso como “extravío”, se reduce a una falla en la aplicación de protocolos por parte de los policías capitalinos, además de que “aparece implicado también el Estado de México”.

Pérez García agregó: “Ni nosotros como organizaciones que representamos a Marco Antonio y a su familia, ni las autoridades a las que les toca investigar, podemos determinar si fue desaparición forzada o no, eso le corresponde a un juez”.

Además, destacó que el caso de Marco Antonio es “atípico” porque la víctima apareció con vida después de acciones de presión ciudadana.

Las otras organizaciones que defienden el caso son la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI) y el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP).

El defensor hizo una extensa relatoría de hechos y evidencias que acreditan que el joven de 17 años fue víctima de diversas violaciones a derechos humanos del 23 al 28 de enero, situaciones agravadas por su condición de menor de edad, lo que lo coloca en una situación de trato especial que debieron tener tanto los agentes de la Ciudad de México que lo detuvieron, como los del Estado de México, donde finalmente apareció tras las protestas ciudadanas.

Las evidencias

De entrada, apuntó, Marco Antonio fue víctima de detención arbitraria, toda vez que, aunque el parte policiaco habla de que fue señalado de robo, “en la carpeta de investigación, lamentablemente abierta por extravío, no aparece el ciudadano que acusara a Marco, para que su detención fuera por flagrancia”.

Peor aun, detalló, “sin tomar en cuenta su condición de menor, fue subido a una patrulla sin que se le comunicara a sus padres o tutores o que lo acompañara una persona de confianza. Y la situación empeora al no ser puesto a disposición de una autoridad, en este caso el Sector 40 de la Procuraduría, donde podrían haberse comunicado con sus padres o tutores”.

Pérez García resaltó que el caso del adolescente encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 7 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor el pasado 16 de enero.

“Hay un acto de autoridad, hay una privación de libertad, no se le lleva a una institución pública, en este caso la Agencia 40 o el juez cívico, existe la negativa para dar con el paradero o informar de la situación de la persona y su integridad queda fuera de la protección del Estado o de su familia. Estos elementos se cumplen para iniciar la investigación por desaparición forzada”, puntualizó Pérez García.

Al destacar que la ley no determina un límite de tiempo para la desaparición forzada, agregó que no hay duda de que “el hecho ocurrió, hubo una línea de tiempo específica en que Marco Antonio no estuvo con su familia ni con las instituciones del Estado, con la particularidad de que la ley considera que, si se trata de menores, discapacitados o adultos mayores, es un agravante para los presuntos responsables, porque son personas que requieren protección especial”.

El director ejecutivo de la Redim lamentó que, pese a “los doctorados (en derecho) que tienen las autoridades” no atiendan la Ley General, en específico el capítulo dos que dice que “en el caso de menores de edad no hay ningún tiempo de espera, el delito se clasifica como desaparición y la actuación es de búsqueda inmediata, no aplican los eufemismos de extraviado, no localizado y ausente”.

También consideró como “inexplicable” que policías del Estado de México y el juez Cívico de Tlanepantla no hayan enviado al Sistema DIF o de Procuración de la Infancia a Marco Antonio, cuando estaba de por medio el escándalo nacional por la desaparición, y su aseguramiento en la entidad contigua haya sido producto de la denuncia de un vecino de que temía por la vida del joven.

“Se tiene que investigar por desaparición forzada, pero además como se recuperó con vida, las lesiones son responsabilidad de la autoridad, que fueron los últimos que tuvieron contacto con él. Todo lo que le ha pasado se presupone que son condiciones ocasionadas con autoridades, eso lleva automáticamente a investigar tortura”, puntualizó Pérez García.

Podrían ir a la PGR

El defensor sostuvo que el caso del estudiante de la Preparatoria 8 “no se puede reducir a un error de protocolo o a un descuido de los policías”, sin contar con que resulta “muy preocupante que los policías a mutuo propio o con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, estén litigando el caso en los medios y cuestionando a la víctima y su familia”.

Esta situación se suma a la negativa de Mancera, el procurador y el secretario de Seguridad Pública a considerar el caso como desaparición forzada. “Son señales muy graves que nos llevarían jurídicamente a reconocer que no hay condiciones para una investigación imparcial y diligente”, consideró.

Juan Martín Pérez García informó que está vigente un amparo para que el caso sea investigado por desaparición forzada, además de que las organizaciones están dialogando con las autoridades en espera que “se investigue por esos delitos”.

De resistirse la administración de Miguel Ángel Mancera a investigar el caso por detención arbitraria, desaparición forzada y tortura, en agravio de Marco Antonio Sánchez, su defensa buscará que el caso “se atraiga por la Procuraduría General de la República (PGR) y por supuesto llevarlo a otras instancias internacionales”, advirtió Pérez García.

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