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CIUDAD DE MÉXICO.
Exclusión, discriminación y falta de leyes que regulen el trabajo doméstico son la realidad para más de 2.4 millones de empleadas domésticas que hay en el país.
Hoy se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar; en México, menos de 4% cuenta con seguridad social.
El 75 por ciento gana entre uno y dos salarios mínimos. La mayoría no tiene horarios definidos ni derecho a vacaciones; sólo 57% recibe aguinaldo.
Así lo expone, Ximena Andión Ibáñez, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), quien, en entrevista con Excélsior, señala que es indispensable que el gobierno ratifique el Convenio 189, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 2011, el cual exige a los Estados garantizar la protección laboral mínima que deben tener las y los trabajadores domésticos en igualdad de condiciones con las demás personas trabajadoras.
“México tiene que terminar con las condiciones de esclavitud en las que prácticamente trabajan. Se debe ratificar el convenio 189 de la OIT. Con esta ratificación se garantizarían sus derechos.
“En principio, los empleadores estarían obligados a registrar a sus trabajadoras ante el IMSS y se podría incorporar a la economía formal, un sector que no está incorporado y que aporta 10% de la actividad económica que generamos las mujeres en el país”, explica la investigadora.
Andión Ibáñez indicó que, si México ratifica el convenio 189 de la OIT, especialistas en la materia han propuesto el establecimiento de un esquema progresivo de incorporación a la seguridad social.
“Nuestro país tiene una de las tasas más bajas de incorporación a la seguridad social de América Latina, incluso, por debajo de países como El Salvador.
“Por ejemplo, estudiando el caso de México, se propone que primero se registren las trabajadoras que están de tiempo completo en un hogar y después las que tienen varios empleadores; y a los empleadores que den de alta a sus empleadas domésticas, se les otorgan subsidios o incentivos fiscales y existe un beneficio económico para todos”, detalla Ximena Andión Ibáñez, directora del ILSB.
Por su parte, Sofía Pablo, secretaria de capacitación y formación del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del hogar (SINACTRAHO), señala que esta organización que se conformó en 2015, tuvo su origen por la carencia de leyes específicas que brinden protección a su gremio.
“La propia Ley Federal del Trabajo nos discrimina. Nos tiene en un capítulo especial que es el capítulo 13, que nos define como trabajadores domésticos, cuando más de 95 por ciento somos mujeres.
“Actualmente somos 863 trabajadoras las que integramos el sindicato a nivel nacional y tenemos la mejor disposición de ayudar en cualquier caso, incluso con capacitación”, señaló Sofía Pablo.
Insistió en que sus labores deben ser reguladas y recibir asesorías “debemos saber cómo actuar en una situación de despido injustificado, de hostigamiento laboral, de acoso sexual”, aseguró la vocera del sindicato.
Desde los 18 años, Sofía Pablo trabajó en labores domésticas para pagar sus estudios. Ahora, ya con un título de socióloga, señala que su objetivo es orientar a mujeres y hombres que se dediquen al trabajo doméstico para evitar abusos, ya que existe un profundo desconocimiento de sus derechos.
El objetivo, señala, es reglamentar una jornada laboral de ocho horas y en su caso el pago de horas extras, acceso a seguridad social, pensión para el retiro, salario digno, derecho a guarderías, aguinaldo y vacaciones pagadas.
“Cuando hablamos de trabajo doméstico remunerado muchas veces hablamos de la esclavitud moderna, porque ya sea en el centro, en el norte o en el sur del país, las condiciones de trabajo son mínimas”.
Relató que para los emplados que limpian o cocinan “no hay horarios específicos, no hay un salario estipulado para las trabajadoras del hogar. No tenemos prestaciones. Trabajamos días feriados y no se nos paga doble, es como si estuviéramos esclavizadas en pleno siglo 21”, enfatizó.
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