Desde 1997 hasta el 2009, la mayoría de los asesinatos de mujeres ocurrían en el domicilio privado, pero esa tendencia se revirtió y año con año los asesinatos de mujeres ocurren en el espacio público. Hoy las mujeres enfrentan peligro dentro y fuera de casa.
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En los años recientes el diseño e implementación de políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres y prevenir los feminicidios ha sido pensando en que la violencia de género ocurre principalmente en casa y es cometida por las parejas sentimentales. Pero la realidad no es así.
Erradicar la violencia de género implica discutir sobre armas, drogas y los costos que ha tenido la estrategia implementada desde 2007, tanto en vida de hombres como de mujeres, plantean organizaciones y especialistas en la materia.
Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endire) 2016, la más reciente, demuestran que la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, pues señala que 66% de las mujeres de 15 años o más residentes en el país ha padecido violencia ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral.
30.7 millones de mujeres en México han sido sujetas a actos violentos y discriminatorios alguna vez a lo largo de su vida. Además, 43.9 millones de las mujeres que tienen o tuvieron al menos una relación de pareja ha enfrentado agresiones del esposo o pareja.
Las cifras son alarmantes cuando se trata de la violencia contra mujeres que llega al asesinato. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Inegi, en México, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en mujeres se triplicó entre 2007 y 2018, al pasar de 1.9 en 2007 a 5.9 en 2018. Son los datos más recientes disponibles de ese indicador.
Un análisis de esas cifras realizado por la organización de la sociedad civil EQUIS Justicia para las Mujeres, señala que, al igual que como ocurrió con los asesinatos de los hombres, los de las mujeres comenzaron a aumentar a partir de 2007, cuando inició la llamada guerra contra la delincuencia organizada en el gobierno del presidente Felipe Calderón.
Si se desagrega esa información es posible ver que ese incremento en la violencia se debe a un nuevo patrón: asesinatos que ocurren en el espacio público con armas de fuego.
Desde 1997 hasta el 2009, la mayoría de los asesinatos de mujeres ocurrían en el domicilio privado, pero a partir de 2009 esa tendencia se revirtió y año con año la mayoría de los asesinatos ocurren en el espacio público, explicó Isabel Erreguerena, coordinadora de Políticas Públicas de EQUIS.
Esa idea se refuerza si se toma en cuenta el análisis realizado por Data Cívica, denominado “Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México”, el cual permite ver que la violencia salió del domicilio privado al espacio público. La tasa de homicidios de mujeres en vivienda pasó de 0.8 por cada 100,000 habitantes en 2007 a 1.5 en 2017, mientras que los cometidos en el espacio público pasaron de 0.7 a 2.5 en el mismo periodo.
Erreguerena destacó que, como ocurre en el caso de los hombres, la gran mayoría de los asesinatos de mujeres son el resultado del uso de un arma de fuego. Si se compara la tasa de asesinatos con arma de fuego con los que ocurren por ahorcamiento o con un objeto cortante, el incremento de los primeros es el más dramático. Eso indica que las mujeres ahora enfrentan dos tipos de violencia: la que ocurre en casa (y que persiste) y la que ocurre afuera, que es la que más se ha intensificado.
Las estadísticas demuestran que las formas y los lugares en donde ocurren los asesinatos de las mujeres varían significativamente que los de los hombres.
Por ejemplo, mientras 64% de los asesinatos contra hombres se realiza con armas de fuego, en el caso de las mujeres es 41%; 20% de las mujeres fueron asfixiadas mientras que sólo 6.3% de los hombres asesinados así; 33% de los asesinatos de las mujeres ocurren en la vivienda, mientras que 23% de los asesinatos de los hombres ocurre en ese lugar, lo que quiere decir que las mujeres están más en riesgo de ser asesinadas en sus casas que los hombres. Además, existe mayor probabilidad de que las mujeres sean asesinadas en un contexto de violencia familiar, pues son ellas más amenazadas, golpeadas y violadas por familiares.
Acciones desatinadas e ineficientes
Erreguerena, explicó que la mayoría de la atención institucional para atender la violencia y los asesinatos contra mujeres se ha enfocado en la violencia que ocurre en el espacio privado.
Un ejemplo son los centros de justicia para las mujeres que ofrecen en el mismo lugar servicios médicos, jurídicos, capacitaciones y bolsas de trabajo, ludotecas y refugios.
Al menos hasta 2016 cuando EQUIS realizó un estudio a fondo de esos lugares, estos centros tienen problemas en la implementación, desde la forma de designación de sus autoridades y el personal que atiende a las mujeres, lo cual impide que esos lugares cumplan a cabalidad con sus objetivos.
El problema no termina ahí. También hay irregularidades graves en los procedimientos de detención de mujeres, principalmente cuando se trata de casos relacionados con el fuero federal.
Tan solo en el caso de las mujeres detenidas por las Fuerzas Armadas, son mucho más víctimas de tortura sexual que los hombres. Erreguerena indicó que las estadísticas señalan que 41% de las mujeres detenidas por la Marina son violadas sexualmente, mientras los hombres solo 5 por ciento. En el caso de las detenidas por el Ejército 21% son atacadas sexualmente.
Eso refleja que hay una afectación en la vida de las mujeres derivado de la militarización de la estrategia de seguridad.
La activista comentó que durante los últimos años se ha incrementado considerablemente la detención de mujeres por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el narcotráfico, principalmente personas transportando droga. Representan alrededor de 43% del total de las mujeres detenidas.
En esos casos es contante que son víctimas de violencia institucional por el trato que le dan las autoridades. Dijo que si bien se ha buscado capacitar a los funcionarios del poder Judicial para actuar con una perspectiva de género, la acción no ha sido eficiente.
“Mover el aparato gubernamental”
No todo son malas noticias, en palabras de Ana Yeli Pérez Garrido, directora ejecutiva de la organización Justicia Pro Persona. De acuerdo con Pérez Garrido, en los últimos años ha habido avances importantes en la normativa, visibilización de la problemática y en la creación de políticas públicas.
La alerta de género, por ejemplo, ha sido un mecanismo que ha permitido visibilizar el problema, lo cual ha obligado a los gobiernos a hacer lo que están obligados a hacer y no hacían.
Lo cierto es que, dijo, todavía falta mucho para lograr la plena implementación de las medidas que generen un cambio. En su opinión, el problema es que a pesar de que se ha incrementado considerablemente la violencia feminicida no se han realizado acciones contundentes por parte de los gobiernos estatales. Lo más complicado es “mover el aparato gubernamental”.
A manera de ejemplo expuso que 30% de los casos de feminicidio se identifica al agresor, pero en el 70% al desconocerse cuál es la relación víctima-victimario son casos que están en la impunidad. En muchos casos de feminicidio, dijo, se trata de personas que ya habían denunciado que padecían un contexto de violencia y la autoridad no hizo algo para ayudarlas.
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