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La Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió un expediente para investigar la declaración patrimonial y de intereses de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En un comunicado la dependencia informó anoche que el expediente deriva de una denuncia ciudadana anónima recibida por la SFP a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.
La denuncia, detalló la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval, será atendida de forma rigurosa, imparcial y apegada a la legalidad en las oficinas centrales de la Función Pública, mediante la Dirección General de Denuncias e investigaciones
.
Anoche, una vez que la SFP anunció la apertura del expediente, el director de la CFE negó nuevamente tener esas propiedades y se ofreció a colaborar con la dependencia.
En su cuenta de Twitter, el funcionario escribió: Como dije antes, es falsa la información sobre los inmuebles que se me atribuyen; mi declaración patrimonial está en regla
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Agregó: “La @SFP_mx ha abierto una investigación y presentaré toda la documentación e información que se me requiera”.
Hace unos días se difundieron investigaciones periodísticas en las que se señala que Bartlett cuenta con un patrimonio 16 veces mayor a lo que declaró como funcionario ante la SFP.
De acuerdo con esa información, el director general de CFE tendría 23 casas y dos terrenos con un valor de alrededor de 800 millones de pesos, lo que habría logrado con el uso de los datos de familiares, prestanombres y empresas.
Bartlett emitió un comunicado el 30 de agosto para rechazar tales afirmaciones y aseguró que bajo protesta de decir la verdad
lo que declaró es su único patrimonio.
En su comunicado, la dependencia resaltó que una vez concluidas todas las etapas del proceso, la SFP informará sobre los resultados de la indagatoria, a fin de cumplir con el compromiso del gobierno de México de transparentar la vida pública.
La Función Pública seguirá implacable en su lucha contra la corrupción y refrenda su compromiso de cara a la ciudadanía de dar puntual seguimiento a las denuncias por presuntas faltas administrativas de todos los servidores públicos.
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