La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió sancionar administrativamente a los funcionarios que
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió sancionar administrativamente a los funcionarios que resulten responsables, luego de detectar que, como secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, incumplió con su obligación de formular, regular y conducir el proyecto de política de Comunicación Social del gobierno federal.
En una auditoría forense que acaba de presentar, la ASF indica que en 2017 Osorio Chong autorizó 2 mil 760 millones de pesos destinados a las áreas de comunicación de nueve dependencias, pese a que el Congreso de la Unión no aprobó el gasto de esos recursos para esas áreas.
Señala que, a través de su Dirección General de Normatividad de Comunicación (DGNC), la Segob no acreditó contar con los proyectos de dicha política de comunicación en la revisión de la Cuenta Pública de ese año.
“Se presume que la Segob, a través de su titular, incumplió la obligación de aprobar el proyecto de la política de Comunicación Social del gobierno federal, toda vez que la DGNC no acreditó contar con los proyectos de dicha política”, puntualiza la auditoría forense, sin proporcionar nombres.
De acuerdo con la ASF, las nueve entidades que recibieron esos recursos son: el Consejo de Promoción Turística de México; las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el Instituto Nacional de Migración; el Fondo de Cultura Económica; la Lotería Nacional; el Servicio Geológico Mexicano; la Comisión Reguladora de Energía, y la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales.
El Consejo de Promoción Turística de México fue la entidad que recibió más recursos: mil 99 millones de pesos, y el Fondo de Cultura Económica (FCE) el que recibió menos: 1 millón 999 mil pesos.
Entre las argumentaciones que presentaron las dependencias resalta la enunciada por el FCE de “llegar a un mayor público lector”, y la de la Lotería Nacional, de “mantener vigente y promocionada la imagen de la marca de la institución”.
Igualmente, la ASF detectó otro probable daño a la Hacienda Pública por 13 millones de pesos que la Segob destinó para pagar campañas de Comunicación Social de 2016, pero con recursos de 2017.
Asimismo, encontró que otros 48 millones 900 mil pesos asignaron para gastos de campañas que, sin embargo, “no se difundieron a la población”.
Ante estos hechos, una de las solicitudes de procedimiento de sanción administrativa pide que se investigue a los servidores públicos por el incumplimiento de la planeación y supervisión de las campañas publicitarias del gobierno federal.
No obstante, dice la ASF, las recomendaciones y acciones de su informe pueden confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse en 30 días hábiles, que es el plazo para presentar información y realizar consideraciones.
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