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La Ley de Ingresos se convirtió en moneda de cambio, pues el sector público dispondrá de recursos que le permitirán un importante margen de maniobra en 2018, año de elección presidencial y reconstrucción de las regiones dañadas por los sismos de septiembre, afirmó ayer el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial.
En un análisis económico, el Ceesp indicó que será evidente que las autoridades tendrán “un importante margen de maniobra (…) en materia de disponibilidad de recursos para 2018, año en que, además de requerir un gasto mayor para atender las necesidades del proceso electoral, tendrá que financiar la reconstrucción”.
Explicó que el total de ingresos presupuestales autorizado asciende a 4 billones 778.3 mil millones de pesos, un monto que estaría 417.4 mil millones por arriba de la cifra aprobada para 2017 y 298.5 mil millones superior a lo que esperan las autoridades al cierre del año.
Si este total de recursos se compara con el resultado obtenido mediante el cálculo con base en la estructura mensual de los ingresos públicos para 2017, resulta en una disminución de 152.3 mil millones de pesos. De hecho, si se extiende el cálculo mencionado para 2018, se tiene que, al cierre del ejercicio, los ingresos presupuestales ascenderían a 5 billones 353.3 mil millones, 575 mil millones de pesos más que lo aprobado por los diputados, dijo el Ceesp.
El organismo previó incluso que las cifras al cierre de este año serán superiores a las que calculan las autoridades para 2018. Esto hace pensar que igualmente para el próximo año sin duda las autoridades tendrán un mayor margen de maniobra en el ejercicio del presupuesto.
Ante una posible mayor recaudación para el próximo año, el Ceesp recordó que la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria definen hacia dónde se canalizarán los ingresos excedentes del ejercicio.
Dijo que el excedente es para gasto de operación de las entidades que los generan o para cubrir los faltantes en el gasto no programable; sin embargo, apuntó, el excedente debería estar dirigido a la disminución de la deuda total del sector público. Hay que recordar que menores niveles de ésta contribuyen a reducir el déficit de cuenta corriente y cuidar el poder adquisitivo.
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