La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a litigio contra el Estado mexicano el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños y niñas y 70 resultaron gravemente heridos.
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La determinación de la CIDH de admitir el caso, tomada el pasado 6 de julio, significó una “bocanada de oxígeno” para los impulsores del litigio en el sistema interamericano, “después de estos 11 años de esperar a que pasara algo relevante”, admitió Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso García Duarte, una de las 49 víctimas fatales.
En conferencia de prensa desde Hermosillo, Duarte destacó que el proceso que inició en 2014, cuando ella y otros cinco padres y madres pidieron la intervención de la CIDH con sede Washington, ha derivado en que “México se encuentra en la lupa internacional”.
De acuerdo con el informe 185/20, la CIDH determinó la admisión del caso de la tragedia de la guardería ABC al considerar que, “luego de once años de ocurridos los hechos, el Estado no ha esclarecido si el incendio fue causado de forma dolosa o producto de una falla técnica, ni ha establecido la responsabilidad de todos los implicados, entre ellos altos funcionarios públicos de diferentes entidades estatales”.
En el documento sobre la admisibilidad, el organismo apuntó que “los familiares de las víctimas no han dejado de activar todos los mecanismos de derecho interno para reclamar justicia tras los hechos denunciados, y que la alegada impunidad de tales hechos se mantendría hasta el presente”.
Al incluir los nombres de los 49 niños y niñas fallecidos en la conflagración, la CIDH estableció que “de ser probado el alegado incumplimiento del deber estatal de prevención y adopción de salvaguardas para la prestación del servicio educativo de cuidado infantil que habría generado el incendio” que cobró la vida de los pequeños, y “la presunta falta de una investigación diligente que esclarezca lo sucedido y sancione a los responsables”, se podrían haber cometido violaciones al menos a siete artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, relacionados con los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, derechos del niño y protección judicial, en relación con la obligación de respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno.
Al señalar que su expectativa es que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Patricia Duarte, integrante del Movimiento Cinco de Junio, dijo que, de acuerdo con los cálculos de sus representantes legales, abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el litigio podría definirse antes de que concluya el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por lo pronto, los padres que impulsan el procedimiento en el máximo órgano de derechos humanos del continente buscan que “incida en acelerar las resoluciones de amparo que no se han resuelto, entre ellas el amparo contra 19 funcionarios, abierto desde hace 11 años y sin sentencia firme”.
Patricia Duarte explicó que lo que se busca es que la CIDH pueda determinar que lo ocurrido en la guardería ABC “no fue un siniestro imprevisible, sino el resultado de fallas estructurales en el sistema de subrogación de las estancias infantiles, de que el Estado mexicano dejó el cuidado de los niños a empresarios avorazados”.
Lo que los impulsores de la petición ante la CIDH buscan es “concretar el acceso a la justicia y la no repetición, y que el Estado mexicano revise el sistema de subrogación”, subrayó Duarte al destacar que de llegar el caso a la Corte IDH, la sentencia emitida sería de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento.
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