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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las investigaciones del caso cayeron “en un bache”, y depende de la Fiscalía General de la República (FGR) el avance y esclarecimiento de lo sucedido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, señaló el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Al término de la sesión de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, ante la que comparecieron exfuncionarios del gobierno de Guerrero, encabezados por Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de la entidad, el abogado de los familiares de las víctimas sostuvo que, en vísperas de que se cumpla un año más de la desaparición de los jóvenes normalistas, “la coyuntura es desfavorable” ante la falta de información sobre el paradero de los estudiantes.
“Vamos a enfrentar los cinco años en una coyuntura muy desfavorable para los padres de familia, porque si bien es cierto que se ha construido una base para avanzar de manera distinta en las investigaciones, también lo es que se está yendo información valiosa”, puntualizó el abogado.
Tras destacar que para los padres y madres de los 43, la creación de la Comisión por decreto presidencial significa un gran avance, en términos reales están en el mismo punto que hace cinco años.
“Estamos igual en un bache del cual no podemos avanzar, y va a depender de la actual Fiscalía para que se den pasos sólidos hacia adelante”, añadió el litigante.
En cuanto a las recientes liberaciones de policías de Iguala y Cocula, luego de la sentencia del juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, Rosales Sierra puntualizó que en la determinación tuvo responsabilidad la Procuraduría General de la República (PGR) y la actual FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero.
Para la representación de las familias, abundó, se trata de “una investigación irregular, plagada de inconsistencias, con tortura de por medio, y era evidente que esas pruebas se iban a excluir y no iban a alcanzar para una condena”.
Añadió: “La responsabilidad radica en la PGR de la administración anterior, y parte también de este fiscal por no haber hecho las previsiones legales para evitar la salida de estas personas; el juez, lamentablemente, juzgó con lo que tenía en la mano, y lo que tenía en la mano eran pruebas declaradas nulas, ¿cómo iba a condenar con eso?”.
De igual manera, destacó que las fallas en la indagatoria, traducidas en liberaciones, han significado un duro golpe para los padres y madres de los 43 normalistas, que lo que lamentan es que con las exoneraciones se esfume la posibilidad de tener información sobre el paradero de los jóvenes.
Los familiares de las víctimas “han visto una Procuraduría que incurre en irregularidades, que propaga una verdad histórica, esa verdad histórica se va al traste, y posteriormente una Fiscalía que no puede concretar nada. Lo que estamos viendo es la salida de las personas que pueden tener información, y los padres no tienen absolutamente nada al día de hoy”.
Rosales Sierra destacó que en el encuentro de este martes el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, les notificó sobre la reunión que sostendrá mañana la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa con el fiscal Alejandro Gertz Manero, misma que será supervisada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.
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