El titular de la dependencia, Santiago Nieto, dijo que de los 4,500 millones de pesos que mantiene congelados, 980 millones fueron arrebatados a la delincuencia organizada.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene congelados cuatro mil 500 millones de pesos, de los cuales casi mil millones corresponden con temas relacionados con la delincuencia organizada, informó este viernes Santiago Nieto Castillo.
El titular de la UIF precisó que de este monto, 980 millones de pesos fueron arrebatados «a temas vinculados con delincuencia organizada, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito y por supuesto Cártel de Sinaloa».
Al participar como invitado en la Plenaria de los diputados federales de Morena, Nieto Castillo comparó que –según datos del Consejo de la Judicatura Federal, que fueron parte de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019- entre 2015 y 2018 hubo únicamente 15 millones de pesos (4 millones de dólares) decomisados a los grupos de delincuencia organizada en emisión de sentencias condenatorias por parte del Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior –indicó- representó en 2018 únicamente seis sentencias condenatorias; «en 2019 logramos 84 sentencias condenatorias, según datos del propio Consejo de la Judicatura Federal, lo cual ha implicado aumentar significativamente el número de sentencias condenatorias».
El titular de la edependencia expuso que conrespecto a la competencia de la UIF, las cifras se mueven en razón de la concesión de juicios de amparo, derivados de la jurisprudencia, impulsada por el exministro Medina Mora.
«Trabajamos -en 2019- en una agenda sobre el robo a hidrocarburos, combate a la trata y tráfico ilegal de inmigrantes, temas vinculados con corrupción política evidentemente; narcotráfico y empresas fachada y factureras. Para 2020 el objetivo es trabajar los temas de aduanas, temas relacionados con armas, tráfico de armas y secuestro».
Explicó que la dependencia a su cargo trabaja de manera conjunta con la Secretaría de la Función Pública, las Fiscalías, así como las Procuradurías estatales, con el fin de «impulsar esta política del presidente Andrés Manuel López Obrador, de tener cero tolerancia con la corrupción y con la impunidad».
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