WASHINGTON (apro) – Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, amigo, asesor y confidente del expresidente Felipe Calderón, se declaró inocente de los cinco delitos relacionados al narcotráfico que el imputa el gobierno de los Estados Unidos.
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“No culpable, su señoría”, respondió García Luna a través de su abogado cuando el juez Brian Cogan le preguntó cómo se declaraba de los cinco cargos relacionados al narcotráfico que le imputa el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y después de que se los leyera uno por uno.
La declaración de inocencia de García Luna forma parte del proceso de preparación de un posible juicio y es una estrategia de la defensa a cargo del abogado de oficio César de Castro para lograr un acuerdo con el Departamento de Justicia y convertir al acusado en testigo cooperante.
Tras la declaración de inocencia de García Luna, el juez Cogan a cargo del caso en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, determinó que la próxima sesión del proceso de preparación del proceso judicial será el 7 de diciembre a las 10:30 de la mañana de este año.
Los cinco cargos que le imputa el gobierno de Estados Unidos, todos, tienen que ver con la presunta relación de asociación empresarial delictiva del exsecretario de Seguridad Pública mexicano con el Cártel de Sinaloa que involucra también a otros exfuncionarios de México.
En la actualización del expediente criminal contra García Luna, el gobierno de Estados Unidos lo acusa de ser el líder de una empresa criminal integrada por otros dos exfuncionarios y asesores de Calderón en seguridad; Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García.
Los cargos contra García Luna
De entre los cinco cargos, el Departamento de Justicia señala al exsecretario de Seguridad Pública de conspirar para traficar y distribuir en Estados Unidos múltiples toneladas de cocaína desde el año 2001 a la fecha, y en asociación con por lo menos cinco personas.
Desde el 9 de diciembre cuando fue detenido en Dallas, Texas, los fiscales federales han ido acumulando evidencias para demostrar la culpabilidad de García Luna, de entre las cuales destacan videos y grabaciones de conversaciones telefónicas que le fueron interceptadas.
La declaración de no culpabilidad de García Luna de los delitos que le achacan, es el derecho de presunción de inocencia al que tiene en su defensa y que es una estrategia recurrente en audiencias de preparación de juicio por parte de cualquier persona indiciada.
La suspensión de la audiencia
Antes de la sesión de trámite para la preparación de juicio, la audiencia original fue suspendida por el juez debido a las interrupciones de la prensa mexicana y personas que se conectaron telefónicamente para escuchar lo que acontecía en la Corte.
Las líneas abiertas de quienes se conectaron por teléfono a la audiencia pública del proceso judicial en contra del aliado y confidente de Calderón, hacía imposible escuchar lo que decía el juez y la traductora que se quejó en todo momento del ruido.
Las personas y reporteros que se conectaron desde México y de algunos lugares en Estados Unidos pero que hablan español, no hicieron caso al juez que muy enojado ordenó la suspensión de la audiencia original.
El ruido proveniente de las conexiones telefónicas era evidente, se oía claramente al programa radial de Ciro Gómez Leyva, a gente aleccionando a sus hijos que estaban en clase cibernética, personas tosiendo y reporteros gritando que la audiencia ya estaba en proceso.
“Hijo de la chingada”, se escuchó a una persona, “ya nos está regañando”, comentó otra al darse cuenta por medio de la traductora de la molestia del juez Cogan y su insistencia para pedirle a la corte que silenciara las líneas telefónicas conectadas.
“Chinguen a su madre”, sentenció alguien tras la cancelación de la audiencia y en reclamo al incumplimiento de la orden del juez de que silenciaran sus teléfonos para poder celebrar la audiencia de García Luna.
Tras unos minutos de la suspensión de la audiencia original, la oficina de prensa de la Corte en Brooklyn envió un mensaje a los reporteros notificando que se reanudaría la audiencia, lo cual ocurrió con menos participantes y sin ruido que interrumpiera.
Antes de reiniciar la audiencia, el juez Cogan reiteró a la prensa que es un delito federal grabar, videograbar o transmitir las audiencias federales como las de García Luna y que tales violaciones implican, multas y hasta cárcel.
El ministro advirtió a los reporteros que una violación a las reglas les podría costar la cancelación de sus credenciales y la prohibición de poner un pie en las cortes federales de Estados Unidos.
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