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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Faltaban menos de tres meses para que se acabara el gobierno de Felipe Calderón cuando su hombre fuerte, Genaro García Luna, cayó de la gracia de Estados Unidos.
En agosto de 2012, elementos de la Policía Federal a su cargo atacaron en el poblado de Tres Marías, Morelos, una camioneta de agentes de la DEA que estaban al frente de una investigación para localizar casas de seguridad del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Guiados por un presunto delator, los agentes de la DEA y el marino fueron atacados por los elementos de la Policía Federal (PF). La entonces Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de García Luna y responsable de la PF, justificó el ataque y dijo que los policías confundieron a los agentes de la DEA con secuestradores.
Los policías fueron encarcelados bajo la acusación de haber colaborado con esa organización delictiva, que se escindió del cártel de Sinaloa, que durante años tuvo como uno de sus dirigentes a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Sentenciado en julio pasado a cadena perpetua en Estados Unidos, ‘El Chapo’ Guzmán fue el hombre al que los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) de Vicente Fox y Felipe Calderón no pudieron detener. Al primero se le escapó y el segundo nunca lo encontró.
En ambos, García Luna tuvo un papel preponderante. Fox lo puso al frente de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que pretendió emular al Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Durante el juicio del ‘Chapo’ en Estados Unidos, Jesús ‘El Rey’ Zambada acusó a García Luna de haber recibido del cártel de Sinaloa tres millones de dólares en 2005 a cambio de protección e información sobre las organizaciones rivales. Fue el año en que se empezó a desbordar el narcotráfico en México.
Cuando Calderón se quedó con la Presidencia, hizo de García Luna su gran aliado en el combate al narcotráfico, a costa de divisiones y enfrentamientos en el gabinete de seguridad.
Desplazó al entonces secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, y al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien este año fue destituido como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, investigado por sus no aclaradas millonarias transferencias internacionales.
Calderón le dio a García Luna presupuesto, hombres, equipo, incluido de espionaje, y la relación con Estados Unidos. Con su detención en Texas, Estados Unidos, demostró que las relaciones con los funcionarios mexicanos son coyunturales y las sostienen mientras tengan protección presidencial.
Durante siete años, ese país administró el expediente de García Luna hasta acusarlo formalmente. El corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, documentó desde entonces cómo el gobierno estadunidense estaba detrás del policía favorito de Calderón.
En México, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo perdonó. Dejó pasar, por ejemplo, la petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que lo investigara penalmente por las graves violaciones constitucionales que cometió durante la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez.
Fue la más evidente, pero no la única acción del ejercicio de poder arbitrario del expolicía que, después de salir del gobierno, se estableció en Miami y se asoció con agentes de Estados Unidos y Colombia para crear una empresa de consultoría en seguridad.
Por su relevancia, su detención se equipara a la del general Jesús Gutiérrez Rebollo, en 1997, cuando el presidente Ernesto Zedillo le confió el combate al narcotráfico desde el desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Fue sentenciado a 40 años de prisión, acusado de trabajar para el cártel de Juárez. Hace seis años murió en prisión.
De comprobarse los cargos en su contra, García Luna tendría una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua. A menos de que se declare culpable y decida colaborar con la justicia de Estados Unidos y cuente lo que pasó en los sexenios panistas, cuando el narcotráfico se extendió en México.
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