Fiscalía tiene que ‘aplicarse’ y detener a Emilio Lozoya y Mario Marín, señala López Obrador

El mandatario afirmó que es una ‘mentira’ que su Gobierno esté protegiendo a ambos personajes de las órdenes de aprehensión giradas en su contra.

elfinanciero.com.mx

La Fiscalía General de la República (FGR) debe «aplicarse» y ejecutar las órdenes de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y el exgobernador de Puebla, Mario Marín, subrayó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Yo lo que he manifestado es que no debe haber impunidad para nadie, que (Lozoya y Marín) pueden evadir la acción de la justicia durante algún tiempo, pero van a ser detenidos porque las autoridades encargadas tienen que ‘aplicarse’ y hacer su tarea», declaró.

El mandatario remarcó que si ambos son prófugos de la justicia, la responsabilidad de la Fiscalía es lograr su detención.

Además, López Obrador negó que la administración federal esté protegiendo a estas personas para que no sean detenidas.

«Lo que no se puede decir es que no los detienen porque nosotros los estamos protegiendo. Eso no, eso es una mentira. Nosotros no vamos a permitir la impunidad en ninguno de los dos casos», indicó.

El 28 de mayo, un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Lozoya por presuntos actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht. El 5 de junio, la jueza Luz María Ortega concedió una suspensión definitiva contra dicha orden.

Sin embargo, el exdirector de Pemex incumplió con las medidas impuestas por esa jueza, que incluía la instrucción de presentarse en un plazo de tres días hábiles a una audiencia de imputación para enfrentar un eventual proceso.

Por ello, el 17 de junio, la misma jueza dejó sin efectos la suspensión definitiva concedida a Lozoya, con lo que perdió la protección para ser detenido.

En el caso de Mario Marín, fue el 16 de abril cuando el Primer Tribunal Unitario, con residencia en Quintana Roo, giró orden de aprehensión en su contra por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

                                                         
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