Fiscalía de Nayarit obliga a dolientes en Bahía a pagar servicios funerarios no contratados

Comandantes de la Policía Investigadora y Ministerios Públicos hablan de que se trata de un convenio entre la Fiscalía de Nayarit con las Funerarias de Bahía de Banderas. Si no pagan embalsamiento y tramites administrativos excesivos, no se les autoriza la entrega del cuerpo a los familiares de los occisos que decidan contratar a funerarias que no forman parte de este “convenio” que permite la repartición de moches a funcionarios de la Fiscalía.

Y sigue la mata dando, tan solo en el día de ayer lunes 12 de agosto 2019, se presentaron dos incidentes en los que están involucrados comandante de la policía investigadora de la Fiscalía General de Nayarit, así como Ministerio Público de Valle de Banderas y funeraria de Bahía de Banderas que insisten en seguir lucrando con el dolor de la familia que pierde en ser querido.

Se trata de dos personas que perdieron su vida; una de muerte natural con domicilio en San Vicente y otra en un accidente automovilístico con domicilio en Guadalajara, Jalisco, sus cuerpos no fueron entregados a sus familias hasta que, en uno de los casos, el de San Vicente, tuvo que intervenir la Coordinadora de Ministerios Públicos y el nuevo coordinador de la policía Investigadora de Bahía de Banderas y en el caso de la familia de Guadalajara, hasta que los obligaron a pagar a funeraria local 9 mil 800 pesos; por embalsamiento que no pidieron 6 mil pesos y por gastos administrativos de tramite de acta de defunción 3 mil 800 pesos.

En el caso de San Vicente, la familia doliente tenía contrato de paquete funerario con otra empresa que el comandante de la Fiscalía no respeto, trató de obligar a la familia a que la funeraria de turno con quien tiene “convenio” la Fiscalía de Nayarit, así lo dicen ellos, se llevara el cuerpo, así que  la familia se negó por lo que se tuvo que recurrir a levantar una queja ante la coordinadora de Ministerios Públicos quien a su vez giró instrucción al nuevo coordinador de la policía investigadora recientemente asignado a Bahía de Banderas, para que su comandante respetara la voluntad de la familia que tenía contrato con otra funeraria.

Orden que el comandante acato en contra de su voluntad, pero aun así, le exigió a la funeraria contratada que no embalsamara el cuerpo hasta que el médico legista acudiera a revisar el cuerpo, pero resulta que el occiso tenía médico tratante por lo que eso no era necesario, sin embargo, la funeraria atendió la instrucción del comandante que por cierto se negó a dar su nombre, pasaron dos horas y el medico legista no llegó por lo que se le hizo una llamada al medico en turno y este explicó que si había médico tratando no era necesario que él se presentara motivo por el cual no asistió.

Ante esta situación, la funeraria tuvo que llamar la atención de la Coordinadora de Ministerios Públicos, quien, al darse cuenta de la acción irregular del comandante, ella misma dio visto bueno para que la funeraria en mención realizara su trabajo no sin antes mencionar que levantaría un acta administrativa contra este mal funcionario de la policía investigadora que trato por todos los medios de que el cuerpo se lo llevara la funeraria de guardia con quienes ellos tienen acuerdos económicos y como no salió como lo esperaba se molestó y puso trabas a la funeraria contratada por la familia mediante paquete funerario.

En el caso de la familia de Guadalajara, Jalisco, estos desde esa ciudad contrataron los servicios de una funeraria que haría el traslado y el servicio velatorio, pero cuando llego la familia a reclamar el cuerpo resulta que ya se había sido embalsamado el cuerpo por parte de la funeraria en turno y el trámite del acta de defunción que podía realizar la familia o la propia funeraria contratada en Guadalajara, el Ministerio Público de Valle de Banderas, no se los permitió, este dio anuencia a dicha funeraria local para que realizara dicho trámite y por ello cobró 3 mil 800 pesos, un trámite que no debe costar más de 1000 mil pesos y el embalsamiento entre 2 y 3 mil pesos.

Se trata pues de actos de corrupción por parte del personal de la Fiscalía de Nayarit antes mencionados que afectan directamente a las familias dolientes que aparte de desembolsar dinero que les cobran excesivamente, los hacen pasar por un mal rato que aumenta el dolor propio de la pérdida de vida de sus seres queridos.

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Reportera