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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) espera que este miércoles el juez ordene la aprehensión del exgobernador César Duarte Jáquez por un presunto desvío de 14 millones de pesos al PRI.
De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la Fepade, no hay razón por la que el juez no otorgue la orden de detención en contra del exgobernador de Chihuahua.
Una vez que esto ocurra, destacó, se pedirá a la Interpol que se emita la Ficha Roja para dar con paradero de Duarte Jáquez.
El funcionario señaló que la sanción por los delitos imputados al exgobernador va de 2 a 9 años de prisión.
Se informó que se cuenta con 87 pruebas que demuestran la desviación de 97 millones de pesos que fueron entregados al Partido Revolucionario Institucional durante todo el sexenio, de acuerdo con declaraciones de trabajadores que afirmaron haber sido coaccionados para realizar las aportaciones salariales.
La carpeta de investigación de la Fepade iniciada por la Unidad de Atención Inmediata, detalla que los tipos penales por los cuales se encuentran procesados los indiciados son los relacionados con delitos que pueden cometer los dirigentes partidistas, relacionados con los ilícitos que puedan cometer los servidores públicos. Además del delito aplicado a funcionarios y dirigentes.
La denuncia inicia con la presentación de un escrito por parte de la Secretaría de la Función Pública del estado de Chihuahua, en la cual plantea el posible desvío de 79 millones de pesos para el PRI por parte del exgobernador César Duarte así como Adrián Dozal, exdirector de Recursos Humanos.
La Fepade recordó que se logró la vinculación de cuatro personas, tres servidores públicos y un dirigente partidista y se encuentran pendientes de desahogar la vinculación de otras dos personas, una que tiene inmunidad constitucional y otra que se encuentra detenida.
Durante la administración de César Duarte se realizó un mecanismo de retenciones salariales indebidas a los empleados, la cual se realizaba los días 20 de cada mes, que oscilaba entre el 5 y 10 por ciento de la percepción total que recibían por concepto de su trabajo en puestos de jefe de departamento y superiores.
Este dinero era retenido por Hacienda estatal para efecto de donarlo al PRI. El monto de las retenciones se conservaba en una cuenta de Bancomer del gobierno del estado, la cual era manejada por el director de Recursos Humanos. A partir de allí fueron emitidos una serie de cheques de manera mensual.
La primera imputación realizada por la Fiscalía tiene que ver con 12 cheques emitidos mensualmente de enero de 2015 a diciembre de ese mismo año, cuando se realizó un proceso electoral federal.
Los cheques eran autorizados por el secretario de Hacienda y endosados por el entonces director de Control de Pagos y el tesorero los enviaba a una empresa de carácter mercantil para que hiciera el cobro, luego lo entregaba al PRI a través del secretario de Finanzas por la cantidad de 14 millones 609 mil 583 pesos, informó la Fepade.
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