Exrelator de la ONU reitera que tortura sigue “generalizada” y pide romper “ciclo de impunidad”

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Juan Méndez, exrelator especial de la ONU sobre la Tortura, lamentó hoy que en marzo de 2015, cuando la Cancillería lo atacó personalmente y descalificó su informe –en el que dijo que la tortura es una “práctica generalizada” en México–, la atención se desvió hacia la disputa política y provocó que muchas de sus observaciones sobre la situación en el país se quedaran al margen.

Durante un conversatorio que protagonizó en el Museo para la Memoria y la Tolerancia, Méndez –preso político durante los años de la dictadura argentina–, urgió al gobierno mexicano a “romper el ciclo de impunidad de la tortura” y de la arbitrariedad, ya que en el país “se cuentan con los dedos de una mano los casos que se investigan”.

Luego, reiteró su llamado a erradicar la tortura, una práctica que “abre el camino a cosas más graves, a las desapariciones forzadas y luego a las ejecuciones extrajudiciales” y que se alimenta de la impunidad.

El exrelator deploró que funcionarios mexicanos encargados de impartir la justicia parten de la “presunción de culpabilidad” de las personas detenidas y ven la tortura como una “estrategia” que emplea la defensa del inculpado para descartar evidencias.

“Hasta recientemente la jurisprudencia mexicana daba un mayor peso a la confesión espontánea, es decir, las declaraciones que una persona daba a los agentes antes de ver un abogado”, recordó.

Juan Méndez aprovechó su presencia en el país para rememorar su disputa con el gobierno mexicano. “El último día de mi visita en el país (el 2 de mayo de 2014), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) trató de convencerme de no usar la palabra generalizada”, rememoró el argentino.

Según la Cancillería, dijo, el uso de este término hacía pensar en las definiciones de crímenes de lesa humanidad establecidas en el Estatuto de Roma. El entonces relator se negó en cambiar la palabra, lo que desató una serie de críticas y ataques personales.

Si bien durante su mandato en la ONU tuvo múltiples “encontronazos” con gobiernos que rechazaban sus observaciones, Méndez aseveró que su diferendo con el gobierno mexicano fue “anormal” por su “intensidad” –se extendió durante semanas– y su “personalización”, pues la Cancillería cuestionó la probidad ética de Méndez.

El exrelator añadió que lo malo no fueron los ataques personales –“porque no me encontraba en situación de riesgo”, precisó–, sino el hecho de que la disputa “oscureció el diagnóstico” del documento.

“Tortura sigue generalizada”

Al terminar su visita en 2014, Méndez advirtió, por ejemplo, sobre la situación de “autogobierno” que imperaba dentro del penal de Topo Chico, en Nuevo León. “El gobierno abrió la puerta, metió gente, cerró la puerta y se desentendió lo que pasaba dentro”, recordó.

En febrero de 2016, las observaciones cobraron relevancia: poco menos de dos años después de la visita, ocurrió la masacre de 49 reos en esa cárcel.

Juan Méndez opinó que los videos sobre las torturas y abusos sexuales presuntamente perpetrados en la cárcel de Apodaca, Nuevo León –los cuales circularon hoy en redes sociales–, son lo suficientemente trágicos “para pedir una investigación por parte de las autoridades”.

Aseguró que, si bien los videos evidencian actos de opresión entre reos, es la responsabilidad del Estado garantizar la seguridad y la dignidad humana de los prisioneros.

En su informe de seguimiento elaborado a finales de 2016, el exrelator sostuvo que dos años después de su visita al país, la tortura y los malos tratos siguen siendo “generalizados”, entre ellos “la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica”.

Esta vez, el gobierno de Enrique Peña Nieto pidió a Méndez que eliminara cinco observaciones sobre la reforma del Código de Justicia Militar, entre ellas una que lamenta el otorgamiento de “facultades de investigación, de inspección por parte de autoridades militares e interceptación de comunicaciones privadas” a la justicia castrense, como lo reportó Apro el pasado 27 de febrero.

Cuestionado al respecto, el autor del documento señaló que su primer informe ya subrayaba deficiencias sobre la reforma del Código de Justicia Militar y aclaró que “sólo hacemos cambios cuando los gobiernos demuestran que hemos cometido errores”.

Grave error

El argentino se declaró incompetente para analizar las iniciativas de Ley de Seguridad Interior que, dijo, aún no ha leído. Destacó que involucrar en la persecución del delito a las fuerzas armadas, entrenadas para el combate y para analizar las situaciones con un filtro de ‘amigo’ o ‘enemigo’, puede ser un “grave error”.

Subrayó que durante su visita en 2014, recibió muchas denuncias de actos de tortura perpetrados por elementos de las Secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena).

“La presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no solamente produce violaciones a los derechos humanos, además no se correlacionan con una lucha efectiva contra el crimen organizado”, aseveró.

Tras una amplia carrera en el sector de los derechos humanos –tanto en la sociedad civil como en el sistema de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos (OEA)–, Juan Méndez es actualmente profesor de Derecho Internacional en la Washington College of Laws y acompañante del Proceso de Paz en Colombia.

El exrelator de la ONU consideró que desde que la administración estadunidense de George W. Bush inició la “guerra mundial contra el terrorismo”, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, “hemos perdido el consenso ético contra la tortura y sobre su amoralidad”.

Además de las secuelas físicas y psicológicas sobre sus víctimas, la tortura cobra a las sociedades un alto “costo político y moral”, según Mendez: resta la confianza en la policía y, como resultado, las agencias policiales “pueden tener el temor de la ciudadanía pero no su respecto”.

A través de películas, medios de comunicación y declaraciones políticas se difundió la idea en la población de que la tortura permite obtener información y que en algunos casos vale la pena.

“No es una condición fatal, podemos volver a ganar el consenso, pero para ello hay que demostrar, con estudios y pruebas, que no es cierto que la tortura funciona”, opinó.

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