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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México, es una muestra de buena voluntad frente a la magnitud que ha alcanzado la crisis de desapariciones y demás violaciones de derechos humanos e impunidad en nuestro país, reconoció el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Sin embargo, demandó que la promulgación “tenga ruta clara para la implementación y cuente con los recursos adecuados y suficientes, más allá de los dotados actualmente en el presupuesto 2018”.
La organización señaló que el Estado debe renovar su compromiso con los organismos internacionales de derechos humanos. Y con miras a una implementación adecuada y participativa de las familias, añadió, “estaremos esperando fecha para reunirnos con el Ejecutivo y con los funcionarios involucrados, incluyendo a las autoridades de las entidades federativas cuyo rol en este proceso es sustancial”.
En un comunicado precisó que este jueves la ley fue firmada por el presidente Enrique Peña Nieto en un acto conjunto con las familias que conforman el Movimiento.
La ley, subrayó, es una herramienta que puede hacerle frente a la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como las desapariciones y crímenes cometidos en el pasado.
“La impunidad del pasado nos persigue y rebasa tanto que la mayor tragedia que vivimos hoy en día son las desapariciones de miles de personas en México” puntualizó.
Agregó: “Las familias sabemos que la Ley de Desaparición es solo el comienzo, y estaremos observando, proponiendo y trabajando colaborativamente en su implementación (…) y se garantice el acompañamiento y seguimiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para que se cumpla el objetivo que compartimos: la localización y presentación de las personas desaparecidas, la sanción a los responsables, reparación de los daños y no repetición”.
En su comunicado, las familias de desaparecidos plantearon que la ruta de trabajo para la pronta implementación de la ley incluya siete puntos, entre ellos la creación y consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y Comisiones Locales, “asegurando procesos abiertos y participativos en la designación de titulares y la dotación de presupuesto necesarios para la búsqueda efectiva de personas”.
En el segundo punto destaca la constitución de los órganos de participación, y en tercer lugar la creación de las nuevas fiscalías especializadas y fortalecimiento de servicios forenses. En este apartado, el Movimiento considera necesario que se lleve a cabo una reforma integral al artículo 102 constitucional, tal como lo ha propuesto el colectivo #FiscalíaqueSirva.
También la creación de plataformas tecnológicas y protocolos que ayuden en el registro, sistematización y cruce de toda la información necesaria para la búsqueda y localización de personas, y que se garanticen los derechos de las víctimas y se haga una declaración especial de ausencia por desaparición.
En el sexto punto plantean que se reconozcan las competencias del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y se cumpla con los compromisos internacionales. Y, por último, que los Estados se comprometan a implementar la ley eficazmente con la participación de las familias y le brinden presupuesto para operar de manera eficaz.
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