Exigen a SCJN analizar militarización de la seguridad pública con perspectiva de género

Entre las personas afectadas por la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, están “todas las personas, incluyendo a diferentes grupos como disidencias sexuales, mujeres y niñas”, indican ONG.
proceso.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unas horas de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la controversia constitucional sobre el acuerdo presidencial que da facultades a las Fuerzas Armadas para ejercer tareas de seguridad pública, más de una docena de organizaciones civiles exigieron a los ministros considerar en su análisis la perspectiva de género, toda vez que mujeres y niñas han sido víctimas de la militarización de la seguridad pública.

Tras recordar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre los abusos sexuales cometidos por militares en contra de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, las organizaciones destacaron que los asesinatos de mujeres y los feminicidios, “más que reducirse con la presencia militar, se han disparado”.

Las organizaciones firmantes informaron que al incremento de muertes violentas de mujeres, hay que añadir las ausencias ya que “desde el inicio de la estrategia de seguridad implementada desde 2006 a la fecha, han desaparecido 18 mil 249 mujeres, de las cuales, la mayoría tiene entre 15 y 19 años de edad”.

Apuntaron que “son las mujeres quienes muchas veces cargan con los cuidados, las búsquedas y las luchas por la justicia que vivir en un contexto de tanta violencia e impunidad requiere”.

Las organizaciones urgieron a los ministros que revisarán la constitucionalidad y convencionalidad del Acuerdo presidencial a incorporar “una perspectiva de género que identifique los derechos humanos protegidos por la garantía orgánica del 21 constitucional;  y las violaciones a estos derechos cometida en el contexto reciente de violencia y discriminación contra las mujeres en el marco de la militarización de la seguridad pública del país”.

Apuntaron que en la resolución de esta controversia, la SCJN “tiene la posibilidad de ir más allá e la preservación de las competencias constitucionales de los poderes de la Unión, y tutelar los derechos humanos de las mujeres amenazados por el contenido del Acuerdo, fungiendo como contrapeso que fortalezca la vida democrática de nuestra sociedad”.

En el pronunciamiento colectivo, las organizaciones resaltaron que han documentado “cómo la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública lejos de disminuir la violencia, ha derivado en la comisión de graves violaciones a derechos humanos”.

Entre las personas afectadas por la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, están “todas las personas, incluyendo a diferentes grupos como disidencias sexuales, mujeres y niñas”.

De acuerdo a las organizaciones, las anteriores son quienes “viven violencias que son ejercidas directamente por parte de elementos de las fuerzas armadas, a la par de que son víctimas de las dinámicas de violencia de la presencia de las fuerzas armadas y la estrategia pública que han detonado en sus comunidades”.

Entre las evidencias con que cuentan las organizaciones son los casos de abusos cometidos durante los arrestos, en los que “es mucho más común que las mujeres sean detenidas arbitrariamente y torturadas sexualmente por las fuerzas armadas”, lo cual es una “práctica recurrente”.

Al destacar que el acuerdo no se apega a los estándares internacionales de uso legítimo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, las organizaciones alertaron a los ministros de la Primera Sala de la SCJN que “validar la intervención de las Fuerzas Armadas sin que se sujete a dichos estándares, atenta contra la garantía establecida en el artículo 21 constitucional que establece que las instituciones de seguridad pública deberán ser de carácter civil”.

Agregaron que “al ordenar que se asegure el carácter civil de las instituciones de seguridad pública, la Constitución busca  proteger los derechos más comúnmente afectados cuando se expande la lógica y presencia castrenses”.

Firmaron el posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Grupo de Información en Reproducción Elegida, México Unido Contra la Delincuencia, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Luchadoras, Daga Cívica, Equis Justicia para las Mujeres, Fundar Centro de Información y Análisis, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Colectiva Luchadoras, Intersecta Organización por la Igualdad, Balance Promoción para el Desarrollo de la Juventud, Fondo Semillas, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Morras Help Morras, Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Hacia una vida digna para todas las personas, ReverdeSer Colectivo.

Compartir
error: ¡Atención!