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CHILPANCINGO, Gro. (apro).- “El asesinato de Ayelín es un crimen de Estado”, advirtieron familiares de la menor de 13 años asesinada en Tixtla, quienes marcharon en esta ciudad acompañados por colectivas feministas y normalistas de Ayotzinapa para exigir justicia y denunciar la violencia feminicida en el estado. Las protestas por el crimen de la adolescente se replicaron en el puerto de Acapulco y la ciudad de Atoyac, donde se registraron marchas y protestas en plazas públicas. En la marcha de Chilpancingo se reflejó la indignación ante los feminicidios que suman este año más de 100 casos de mujeres victimadas, de acuerdo a cifras oficiales.
Los manifestantes partieron de la alameda Grandos Maldonado y se dirigieron al sur de la capital sobre las calles principales y, al pasar por la sede de la Comisión estatal de Derechos Humanos (Coddehum), lanzaron globos con pintura roja a la fachada del edificio y denunciaron la omisión del titular de la dependencia Ramón Navarrete Magdaleno frente a las tragedias en la entidad. Luego, el contingente de mujeres y normalistas de Ayotzinapa arribó a las oficinas de la agencia del Ministerio Público del fuero común, donde también protestaron de forma enérgica, quemaron una lona y realizaron pintas en la fachada del inmueble que previamente había sido desalojado. Después, la marcha siguió su camino hacia el sur de la ciudad y culminó en la sede de la Fiscalía estatal, donde se realizó un mitin y vandalizaron el edificio.
En su discurso, los manifestantes exigieron justicia para el caso de Ayelín, así como para las más de cien mujeres asesinadas este año durante el gobierno de Héctor Astudillo, debido a que todos los crímenes siguen impunes. Por ello, calificaron el asesinato de la adolescente de Tixtla como un crimen de Estado, argumentando que la impunidad alentada por las autoridades estatales es la principal causa por la que no cesan las agresiones y homicidios de mujeres en la entidad. También, demandaron acompañamiento integral a la familia de Ayelín y exigieron la renuncia de las autoridades ministeriales que no resuelven los feminicidios.
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