Diputado priista con licencia que avaló gasolinazos se registra como precandidato a la alcaldía de Acapulco

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CHILPANCINGO, Gro., (proceso.com.mx).- El diputado federal priista con licencia, señalado de presuntos actos de corrupción y promotor de los gasolinazos, Ricardo Taja Ramírez, se registró este sábado como precandidato a la alcaldía del puerto de Acapulco.

Acompañado por el exgobernador René Juárez Cisneros, así como el exalcalde de Acapulco vinculado con el narco, Manuel Añorve Baños -ambos considerados como los principales operadores del gobierno de Héctor Astudillo Flores- Taja Ramírez arribó este medio día a la sede estatal del PRI, ubicada al poniente de esta capital, en medio de un contingente de acarreados para vitorear.

El diputado federal priista, quien pidió recién licencia, no sólo avaló la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, también en diciembre de 2016, votó a favor de la liberación del precio de la gasolina en el Congreso de la Unión con sus homólogos del tricolor procedentes de Guerrero, entre ellos Julieta Fernández Márquez, esposa de Añorve Baños.

Así como Silvia Rivera Carbajal, Salomón Majul González, Verónica Muñoz Parra, Beatriz Vélez Núñez y su apéndice priista, Arturo Álvarez Angli del Verde.

En junio de 2016, la zona conurbada del puerto de Acapulco fue tapizada con mantas donde acusaron a Taja Ramírez de presuntos actos de corrupción, mismos en los que involucraron a los hijos del gobernador Héctor Astudillo Flores, Héctor Antonio y Ricardo Astudillo Calvo.

“Diputado Ricardo Taja deja de andar diciendo que el gobernador te pide comisión y que tienes negocios con sus hijos, que la comisión la entregas a Pedro Ocampo y menos digas que estás enterado del problema que tuvo el gobernador con su hijo hace tiempo cuando llegaron a golpes. Ten palabra y no te escudes en eso para no cumplir con tus compromisos, atente a las consecuencias. Pedrito A”, decía textual el mensaje.
Al respecto, el gobernador Astudillo atribuyó este mensaje a “un empresario”, del que se negó a mencionar su nombre, pero lo acusó de pretender extorsionarlo.

En enero de 2017, el diputado federal y su hermano Javier Taja, actual funcionario del gobierno de Héctor Astudillo, exhibieron fotografías en redes sociales posando junto a los hermanos Paulo Ignacio y Jorge Eduardo Hughes Acosta, propietarios del antro Believe en Acapulco y ambos considerados como operadores financieros del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quienes fueron procesados por el delito de fraude, desvío de recursos públicos y lavado de dinero.

En febrero de 2015, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron a Mateo Aguirre Rivero, su sobrino Luis Aguirre Pérez y siete integrantes del clan Hughes, encabezados por Víctor Hughes Alcocer -exsubsecretario de Finanzas durante la administración de Ángel Aguirre- por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y lavado de casi 300 millones de pesos que fueron desviados del presupuesto del estado de Guerrero.

El hermano del exgobernador Aguirre, su sobrino y los Hughes, entre ellos Paulo y Jorge, fueron recluidos en el penal federal del Altiplano y todos los procesados por el millonario quebranto al erario de la entidad se apegaron a los beneficios del nuevo sistema de impartición de justicia y salieron libres bajo caución entre octubre de 2015 y marzo de 2016, indican reportes oficiales de ese entonces.

Actualmente, los operadores financieros de Aguirre regresaron al puerto de Acapulco para seguir administrando sus negocios presuntamente obtenidos a través del desvío y lavado de recursos públicos, además de exhibirse públicamente con los hermanos Taja Ramírez, considerados como personajes del círculo más cercano del actual gobernador Héctor Astudillo.

Por su parte, Javier Taja actualmente se desempeña como titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), área considerada como clave por la cantidad de recursos públicos que se destinan para la rehabilitación y construcción de vías de comunicación que repercute directamente en el sector de la construcción donde se ha vuelto común en cada administración estatal el cobro de un porcentaje a los empresarios a cambio de beneficiarlos con obra pública.

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