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Ciudad Victoria, Tamps. El juez segundo de primera instancia de lo penal Juan Manuel Ham Cortés, dictó auto de formal prisión al ex gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández Flores, por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la apropiación de mil 600 hectáreas que se localizan en el puerto Industrial de Altamira, durante su administración gubernamental. La defensa del ex gobernante dijo a los medios que presentará un recurso de apelación.
La fiscalía especializada en combate a la corrupción informó que el juez que conoce la causa penal 67/2017 que se le sigue al ex gobernador, encontró pruebas para vincularlo a proceso penal y que por ese motivo fue notificado este jueves en el centro de ejecuciones y sanciones de esta capital y que permanecerá en la referida cárcel.
De acuerdo con la causa penal además de Hernández Flores hay otros implicados, entre ellos Delia Berlanga Bolado hermana, del ex secretario de obras públicas Alberto Berlanga Bolado, así como José Bringas ex gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de esta capital, y ex funcionario de la secretaria de finanzas durante la gestión del ex gobernador Egidio Torre Cantú.
Contra quienes la fiscalía anticorrupción obtuvo órdenes para su detención y son buscados por agentes de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, quienes además indagan a otros implicados.
En un comunicado la fiscalía informó que de acuerdo a la Causa Penal 67/2017, Hernández Flores y otros implicados, se apropiaron en 2007 de una superficie territorial de mil 600 hectáreas que pertenecen al patrimonio estatal. Lote que fue asegurado el sábado anterior en el Puerto Industrial de Altamira. Y que se estima en un valor actual superior a los mil 580 millones de pesos.
Una superficie relevante del predio de referencia era parte de la dotación presidencial de los Ejidos Armenta, Altamira, La Pedrera, Ricardo Flores Magón, Medrano, Aquiles Serdán y Francisco I. Madero, a quienes les fue expropiado por el gobierno federal para la construcción del Puerto de Altamira y, que actualmente reclaman el pago de la indemnización.
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