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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La deportación de Javier Duarte desde Guatemala no ayudaría en el proceso que se le sigue y sí provocaría su posible libertad, advirtió este martes el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray caso, ante integrantes de la comisión del mismo nombre.
En una prolongada comparecencia, el economista y aprendiz de canciller –como él mismo dijo al asumir el cargo– respondió a la pregunta de por qué no solicitaba la deportación para acelerar la llegada al país del exgobernador de Veracruz.
“Solicitar la deportación en lugar de la extradición podría darle al detenido (Duarte de Ochoa) una ventaja procesal que condujera a su posible liberación por fallas al debido proceso”, porque fue detenido con fines de extradición, expuso Videgaray.
El exsecretario de Hacienda dijo que el exgobernador veracruzano fue aprehendido por la autoridad guatemalteca a partir de una ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para efectos de extradición, por lo tanto, la detención preventiva es con ese fin.
Además, al llegar a México –agregó– Duarte de Ochoa enfrentará únicamente los cargos bajo los cuáles se solicita su extradición: operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Ni uno más, ni uno menos, y hacer lo contrario afectaría el debido proceso y por dicho error podría salir libre.
Ante legisladores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Videgaray expuso que lo más importante es que se haga justicia, y ello implica el respeto al debido proceso, por lo que la decisión del gobierno federal es continuar con el trámite de extradición que lleva la Procuraduría General de la República (PGR).
La dependencia a su cargo, dijo, sólo tiene como competencia conocer la solicitud de extradición, analizarla y, en su caso, cumplir con los requisitos que establece el tratado de extradición con Guatemala y presentarla ante la autoridad de ese país.
La decisión de continuar con la extradición de Duarte “se toma con base en el criterio jurídico de la PGR y de la propia Cancillería y en una comunicación estrecha con el gobierno de Guatemala, porque lo más importante es que se haga justicia en este expediente que a todos nos lastima e indigna”, subrayó.
Videgaray Caso también fue cuestionado sobre el papel que México juega y mantendrá ante la crisis política que enfrenta el gobierno de Venezuela y la inconformidad manifiesta de un gran número de ciudadanos. Aclaró: “México no opina sobre las políticas públicas del régimen de ese país y sólo se limita a la defensa de la democracia representativa como forma de gobierno”.
Sin embargo, comentó: “Tenemos una obligación adquirida, no solamente una convicción política, sino una obligación de defender de manera colectiva, con los pueblos de América Latina, a la democracia representativa”.
Luego recordó la evidente ruptura del principio de división de poderes en Venezuela por la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de no respetar la independencia de la Asamblea Nacional, así como la inexplicable postergación de elecciones y la evidencia de que existen presos políticos en esa nación.
Por esa razón, México considera que debe activarse la Carta Democrática conforme al artículo 20, agregó Videgaray Caso, y destacó que en 2001 Venezuela, México y los 33 integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) firmaron la Carta Democrática del organismo, en la que se comprometieron a implementar la democracia representativa y la división de poderes como forma de gobierno, así como a defenderla en la región.
“Conforme a la propia Carta Democrática, se deben agotar los esfuerzos diplomáticos para llegar a una solución política que permita el restablecimiento de la normalidad democrática, con absoluto respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano, apostando siempre por el diálogo y en la forma que decidan los venezolanos”, comentó.
Videgaray Caso señaló que ante la ruptura del diálogo por la falta de confianza entre las partes, “los esfuerzos del Consejo Permanente de la OEA y una eventual reunión extraordinaria de cancilleres del organismo apuntarán a generar nuevos instrumentos de mediación diplomática, para encontrar una solución pacífica y conforme a la Constitución de Venezuela”.
Prosiguió: “Los principios de actuación de México siempre serán los establecidos en el artículo 89 de la Carta Magna, que incluye el respecto a la autodeterminación de los pueblos, pero también la promoción de los derechos humanos y la solución pacífica de las controversias”.
Sobre Estados Unidos y la accidentada relación a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el titular de la SRE insistió en que México no pagará ningún muro en la frontera entre ambos países y que “no es negociable” la pretensión de imponer impuestos a las remesas que envíen los mexicanos radicados en aquella nación.
Se refirió además a la atención que los consulados en aquella nación han brindado a connacionales: “Han atendido 45 mil 290 casos de migrantes que han pedido asistencia y protección consular, con el presupuesto adicional de mil 70 millones de pesos que se le asignó a la dependencia este año para apoyar a los connacionales frente a la política de deportaciones del gobierno del presidente Donald Trump. Y en materia de defensoría, 2 mil 400 migrantes mexicanos ya cuentan con un abogado”, dijo.
Destacó que además de tener mecanismos de defensoría contra deportaciones, cuentan con programas de protección de patrimonio, incluido el de tipo financiero.
Respecto de la imposición de un gravamen a las remesas que envían a sus países de origen los migrantes que viven en Estados Unidos, puntualizó que para México “es un asunto no negociable”, por lo que en caso de darse “significaría un punto de quiebre en cualquier diálogo respecto a otros temas”.
“Específicamente en el tema de las remesas, este es uno de los puntos que desde el principio, de manera pública y explícita, hemos transmitido al gobierno de Estados Unidos, que para México es un asunto no negociable”, sostuvo, luego de calificar el punto como “mala idea”, porque los consumidores finales terminarían pagando los impuestos.
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