Denuncian 340 asesinatos de activistas ambientales y de derechos humanos en dos años

proceso.com.mx

MADRID (apro).– En los dos últimos años, 340 activistas medioambientales y de derechos humanos han sido asesinados por defender a las comunidades indígenas y rurales que se ven afectadas por proyectos la industria minera y extractiva, agroindustrial, tala de madera, presas hidroeléctricas, derechos de agua y la caza furtiva, denunciaron este viernes las organizaciones Greenpeace y Global Witness.

El 40% de estos casos las víctimas son activistas o líderes indígenas que defendían sus tierras de estos proyectos invasivos y destructores.

Esto forma parte de su informe “El precio del activismo”, que fue presentado este viernes simbólicamente a un año del asesinato de Berta Cáceres, la activista hondureña Premio Goldman 2015, que se produjo el 3 de marzo del año pasado, quien logró detener una presa hidroeléctrica que de llevarse a cabo hubiera sido causante directa de la destrucción de los bosques nativos y territorios indígenas en Honduras.

Esta indígena trabajó los últimos años de su vida para frenar la construcción de la presa hidroeléctrica de Agua Zarca en la tierra de su comunidad Intibucá, el cual fue paralizado y que fue abandonado por las empresas interesados y por el mismo Banco Mundial, involucrado en el proyecto.

Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, pidió durante la rueda de prensa que el asesinato de su madre no quede en la impunidad.

Este informe señala que solo en el año 2015, América Latina fue la región más peligrosa para estos activistas, donde murieron 122, pero en particular Brasil, donde 50 activistas medioambientales fueron privados de la vida. El siguiente es Filipinas, con 33.

Tras la muerte de Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), han seguido los asesinatos de otros activistas también miembros como Nelson García y Lesbia Yaneth Urquia. Desde 2012 va un total de 10 crímenes contra integrantes del COPINH .

El medioambientalista mexicano Gustavo Castro, testigo del crimen de Berta Cáceres, reclamó la atención internacional para que la investigación del crimen de Cáceres llegue hasta sus últimas consecuencias, porque hasta hoy las pesquisas no siguen una línea que pueda dar con los autores intelectuales, y que las pruebas contra los ocho implicados juzgados, son muy débiles, por lo que podrían quedar en libertad.

En el informe se apunta que “el activismo en defensa de los recursos naturales y el territorio se ha convertido en una de las actividades más peligrosas del planeta”.

Añade que la demanda constante de recursos naturales como el agua, diversos materiales, el aceite de palma o la madera se han convertido en objeto preciado para empresas y gobiernos a cualquier precio, sin tener en cuenta los derechos humanos y sobre el territorio de aquellas comunidades.

                                                         
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