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CIUDAD DE MÉXICO.
El Poder Judicial de la Federación decretó la prisión preventiva oficiosa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
Además, el juez de distrito especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal con sede en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, impuso al exmandatario priista la prisión preventiva justificada en la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, “al existir evidencia suficiente de que puede fugarse una vez más”.
En la diligencia donde se cumplimentó la orden de aprehensión por delitos federales en contra de Duarte de Ochoa, su abogado defensor, Marco Antonio del Toro, solicitó la ampliación del plazo constitucional de 72 a 148 horas.
Por lo que será hasta el domingo próximo cuando este órgano resuelva la situación jurídica de Duarte.
Un día antes, el sábado 22 de julio, a las diez de la mañana, en el Reclusorio Norte se programó la realización de una nueva diligencia, con el propósito de desahogar algunos medios de defensa ofrecidos por Marco Antonio del Toro.
Entre ellos, un posible dictamen en materia contable, así como la comparecencia de Alfonso Ortega López, quien es uno de los testigos que vinculó a Duarte en el presunto desfalco cometido al erario veracruzano entre 2011 y 2016, vía la creación de empresas fantasma y la compraventa de inmuebles.
Antes de concluir las cinco horas de diligencia, la cual empezó a las 17:03 horas, el juez de control estableció la permanencia del exgobernador en el interior del Reclusorio Norte “por lo pronto hasta el próximo fin semana” cuando se resuelva su situación jurídica.
Al respecto, el Ministerio Público federal había solicitado recluir a Duarte en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos, por reunir las condiciones para atender los padecimientos que enfrenta, tales como la ansiedad, el hígado graso y la presión arterial.
Se queda en el Reno
Sin embargo, el juez Moreno García no lo consideró adecuado y decidió ingresarlo al Reclusorio Norte.
En lo que se refiere al desarrollo de la diligencia, el Ministerio Público ratificó las acusaciones federales que posibilitaron la extradición de Duarte de Ochoa a México y que consisten en la generación de empresas fachada, dirigidas por él y operadas por una larga lista de prestanombres “a quienes dictaba las órdenes”.
Sin embargo, para el abogado Marco Antonio del Toro y para Duarte los señalamientos “carecen de fundamento alguno”, además de que no existe coincidencia en lo que refieren al dinero que supuestamente desvío del presupuesto veracruzano y las evidencias en su contra.
Un ejemplo de lo anterior radica en que de los 223 millones de pesos por los cuales se denunció a Duarte por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la carpeta de investigación sólo acredita hasta este momento que poco más de 38 millones de pesos salieron de las arcas del gobierno de Veracruz.
Lo cual fue reconocido por el propio Ministerio Público en la diligencia a lo largo de los cuestionamientos formulados por Duarte y su abogado a la PGR. Hecho que en varias ocasiones llevó a Del Toro Carazo a calificar de cantinflesca la impugnación contra Duarte.
Por ello, adelantó que contempla la posibilidad de presentar un peritaje en materia contable el fin de semana que disuelva las dudas y termine con la afirmación respecto de que su cliente se dedicó a la generación de empresas fantasma para saquear al gobierno veracruzano.
La defensa dijo que se pretende acusar a Duarte por delitos como delincuencia organizada y lavado en ramas que no corresponden, por lo que demostrarán que las acusaciones no tienen sustento.
Javier Duarte de Ochoa es requerido por la orden de aprehensión librada en su contra el 13 de octubre de 2016 por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, en los autos de la causa penal número 97/2016, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hasta el momento y, de acuerdo a una búsqueda realizada por Excélsior, el exgobernador de Veracruz no cuenta con algún tipo de protección judicial pues jueces federales han rechazado ampararlo o bien declinado su competencia.
Los juicios iniciados por Duarte son en contra de la orden de aprehensión concedida por un juez federal a la PGR derivada, entre otras, de las indagatorias FESP/013/2016/1-04 y la FESP/216/2016/14-07 por dichos delitos iniciadas en Veracruz y posteriormente atraídas por la Procuraduría General de la República.
Defensor de Elba
El abogado de Duarte, Marco Antonio del Toro, también es defensa de la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo.
Del Toro Carazo será apoyado por diversos litigantes de su despacho, entre ellos Pablo Campuzano de la Mora, quien también ha estado al tanto del caso Elba Esther Gordillo, enjuiciada por delitos muy similares a los que se le imputan a Duarte de Ochoa como es delincuencia organizada.
Prefieren cárcel federal
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, no tendrá ningún trato privilegiado durante su estancia en el Reclusorio Norte, aseguró el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Señaló que su administración cumplirá con la obligación institucional que se tiene con cualquier interno, que es la de garantizar el respeto y protección de sus derechos humanos.
“Vamos a estar en una tarea muy cercana con las autoridades; esto no es algo que tenga que ver con el Gobierno de la Ciudad de México, pero bueno, estar atentos, observar y cumplir con disposiciones legales de primer orden; esa es nuestra obligación cumplimiento de Derechos Humanos, trabajo cercano con las instituciones”, comentó.
Mancera Espinosa indicó que lo más conveniente hubiera sido que a Duarte de Ochoa se le recluyera en una prisión federal.
Mencionó que cumplirán con su custodia y en caso de que, por cuestión de seguridad, no sea posible mantenerlo en la cárcel local, se lo notificarán a las autoridades federales.
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