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CIUDAD DE MÉXICO.
La bancada del PRI en el Senado impulsa un periodo extraordinario para nombrar al primer fiscal contra la corrupción y para definir el proceso con el cual será nombrado el fiscal General de la República.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores priistas, solicitó a los demás grupos parlamentarios voluntad para discutir ambos temas durante el receso legislativo.
Luego de que el jueves terminó el periodo ordinario de sesiones en el Senado, Gamboa, a través de un comunicado, dijo confiar “en la buena disposición que puedan tener las otras fuerzas políticas, para llegar a un acuerdo y así destrabar estos temas”.
El Senado debió nombrar al fiscal anticorrupción antes del 10 de abril, para la operación plena del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Los legisladores también deben resolver el proceso de ratificación de los 18 magistrados anticorrupción propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto y la reforma constitucional que elimina el pase automático del actual procurador en la primera Fiscalía General de la República.
Propone PRI extra para definir fiscales
Llama al resto de las fuerzas políticas en el Senado a avalar al titular del SNA y el cambio en la PGR.
El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, propuso a las cuatro fuerzas políticas restantes en el Senado, PAN, PRD, PT y Partido Verde, la realización de un periodo extraordinario de sesiones para elegir al primer fiscal Anticorrupción y discutir el diseño y proceso de nombramiento del nuevo fiscal General de la República.
El Senado cerró el periodo ordinario de sesiones el jueves 27 de abril, sin elegir al fiscal Anticorrupción, que debió nombrar antes del 10 de abril para la operación plena del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); sin abordar el proceso de ratificación de los 18 magistrados anticorrupción propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto la semana pasada y sin definición alguna sobre la reforma constitucional que elimina el pase automático del actual procurador general de la República en el primer fiscal General de la República.
La omisión del Senado fue severamente criticada por diferentes especialistas, quienes incluso enviaron cartas a la Junta de Coordinación Política para expresar su preocupación por la falta de fiscal Anticorrupción.
Ayer, mediante un comunicado de prensa, Emilio Gamboa planteó que “el grupo parlamentario del PRI reconoce que algunos temas quedaron pendientes de resolver, como la designación de la Fiscalía Anticorrupción y la discusión sobre el fiscal General de la República.
“En el Senado, los priistas ratificamos nuestro compromiso de abordar estos temas en un periodo extraordinario en el receso legislativo, por lo que convocamos a las otras fuerzas políticas para que logremos definir la materia legislativa sobre estos dos fundamentales temas, que son reclamo y exigencia de todos los mexicanos”, manifestó.
Emilio Gamboa añadió que los priistas siembran “buenos propósitos para que los temas de esa magnitud salgan en un periodo extraordinario, porque confiamos en la buena disposición que puedan tener las otras fuerzas políticas, para llegar a un acuerdo y así destrabar estos temas en los que los 128 senadores tenemos un compromiso y una deuda que saldar”.
Temas relevantes
El priista coincidió con el presidente del Senado, Pablo Escudero, en que el periodo ordinario de sesiones que concluyó el jueves en el Senado generó diversos temas de alta relevancia para todos los mexicanos, como la revalidación de los estudios de mexicanos que estudiaron en el extranjero, así como la nueva Ley para castigar la tortura y los tratos crueles, inhumanos, degradantes y humillantes.
También la que castiga los abusos de las aerolíneas; la nueva Ley General de Cultura, y se dio respuesta a un mal que aqueja a miles de familias que son intimidadas, amenazadas y amedrentadas por la cobranza extrajudicial que realizan de manera ilegal personas y despachos, por lo que actualizaron el Código Penal Federal para castigar estas prácticas indebidas hasta con seis años de cárcel.
Pero, además, citaron las leyes que concluyó el Senado y que ahora están en manos de la Cámara de Diputados, para su revisión, como la Ley para castigar la desaparición de personas y la referente al castigo por la venta y distribución de cigarros adulterados.
Pablo Escudero destacó que las y los senadores ratificaron 42 nombramientos entre funcionarios públicos y magistrados; además de 28 de personal diplomático: 24 embajadores y cuatro Cónsules Generales.
De igual forma, hubo dos comparecencias ente el Pleno del Senado, el de la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien rindió su Informe de labores, y la del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
VERIFICAR TRANSPARENCIA, EL RETO
Institutos deberán revisar la veracidad de más de 300 millones de datos.
Con la tarea de verificar la veracidad de más de 300 millones de datos que se cargarán en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el 4 de mayo arranca formalmente la base.
A unas cuantas horas de que se venza el plazo previsto por la ley para contar con esta información, los institutos de transparencia deben revisar aproximadamente 38 millones de registros de los ámbitos federal y estatal, dentro de los cuales están también involucrados sindicatos, partidos políticos y organismos autónomos.
Es decir que, en promedio, por cada sujeto obligado a este proceso deben existir casi cinco mil registros objeto de revisión. A su vez, cada registro implica la inclusión de más de 37 datos, por cada uno de ellos.
Sobre dicha labor, hasta el momento se desconoce el grado de avance, pues las áreas mantienen en secrecía dicha información.
Por encima de conocer quiénes sí y quiénes no cumplieron plenamente, en tiempo y forma, con los datos ciertos derivados de esta obligación, en los días previos al cierre para entregar esta información se nota el interés de cumplir con este requisito de parte de los sujetos del orden federal.
El comportamiento registrado entre el 25 y 26 de abril de este año así lo muestra, particularmente de las áreas de fideicomisos y organismos autónomos, que tuvieron un incremento de más de 10 mil registros.
La evolución alcanzada en los últimos ocho meses en materia registral pone de manifiesto, también, un mayor interés de parte de las entidades federativas, al mostrado por los sujetos obligados a nivel federal.
Cabe señalar que del total de registros cargados a la Plataforma Nacional de Transparencia, la mitad correspondena la Federación y el otro 50% a los estados. Sin embargo, mientras en las entidades el grueso de los registros se presentó entre septiembre y diciembre, en la Federación dos terceras partes del total se registró en los últimos dos meses, donde se cargó más de la mitad de los registros.
Pese a que la información de todos los sujetos obligados debe estar visible en la Plataforma Nacional de Transparencia, ésta tampoco está disponible y sólo dispone de unas cuantas horas para cubrir a cabalidad tal requerimiento.
En el sitio de la PNT, la página referente a las Obligaciones de Transparencia, están cargados los estados y el nombre de la dependencia sindicato, o entidad que recibe dinero público, mas no así su información.
En la anterior sesión del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) no se acordó cuanto tiempo tendrán los órganos garantes para revisar y verificar la información de cada sujeto.
Si bien el Congreso de la Unión, partidos y organismos autónomos cumplen con el requisito de un módulo dedicado a transparencia, en este micrositio no es fácil localizar las obligaciones de transparencia.
Por el ejemplo, en la página de internet del Senado se observa la indicación del sitio “Transparencia”, y posteriormente, “Obligaciones de Transparencia”; sin embargo, únicamente encuentra el visitante los artículos considerados en la Ley General de Transparencia y ningún informe adicional.
En el sitio es difícil encontrar sus obligaciones en específico y el usuario tiene que ir rastreando la información que requiere y con pocas posibilidades de éxito.
En total son 48 obligaciones generales para todos los sujetos obligados, pero dependiendo su labor cuentan con más obligaciones específicas; los partidos políticos son los que más especificaciones tienen.
Otro ejemplo es el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que en su portal de transparencia, al cierre de esta edición, no contaba con todas sus obligaciones específicas. Por ejemplo, no tiene con las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso ante querellas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales.
Asimismo, las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones que emite no están actualizadas y no son fáciles de localizar.
En el caso de los partidos políticos, tanto el PRI como Acción Nacional son quienes despliegan mayor información.
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