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El Congreso de la Unión colocó la lupa sobre la opacidad de los gastos en el gobierno del perredista Graco Ramírez, en Morelos.
Los legisladores de la Comisión Permanente impulsan una investigación “por diversas irregularidades en el ejercicio de las participaciones federales”, recibidas por el gobierno estatal, “que presumiblemente representaron 960 millones de pesos”.
La revisión incluye la actualización “sobre los avances en la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondientes a la Cuenta Pública 2016”.
El documento sostiene: “El gobierno de Morelos incurrió en distintas irregularidades que podrían representar un daño al erario público por casi 960 millones de pesos”.
Señala que “De acuerdo a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-17000-02-1138, correspondiente a la Cuenta Pública 2016, el gobierno estatal realizó pago por “Servicios Personales” por más de mil 601 millones de pesos; no obstante, no presentó la información comprobatoria y justificativa del pago de más de 451 millones de pesos”.
Además, “La Auditoría Superior de la Federación detectó que se realizaron pagos por más de 72 millones de pesos por “Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios”, sin embargo, la documentación no corresponde a las Participaciones Estatales”.
Precisa que “En el ejercicio de los recursos transferidos al concepto 4100, “Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público”, el gobierno de Morelos no comprobó más 249 millones de pesos”.
“La ASF señaló un probable daño al erario por más de 53 millones, porque el gobierno del estado no presentó la documentación del ejercicio de recursos del concepto 9200 ‘Intereses de la Deuda Pública’”.
El gobierno de Morelos “realizó transferencias indebidas de los recursos de Participaciones Estatales por un monto de más de 63 millones de pesos. La ASF identificó pagos por trabajos que no se concluyeron por más de 4 millones de pesos”.
“De igual forma realizó pagos en exceso respecto de la plantilla de personal autorizada, por lo que se presume un daño al erario por casi 12 millones de pesos. Asimismo, la ASF detectó que el gobierno estatal realizó pago por concepto de percepciones que no se encuentran autorizadas, por más de 50 millones de pesos”, se añade.
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