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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) clasificó como información reservada las actas del Consejo General –el máximo órgano de autoridad de Sistema Nacional de Investigadores– en las que debió aprobarse el nombramiento del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, como investigador SNI en abril pasado, después de ser rechazado durante 11 años debido a su ‘insuficiente producción científica’.
El Consejo General del SNI está presidido por la directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, y ocho representantes más y –de acuerdo con el reglamento– es la máxima instancia de decisión referente al sistema de investigadores, incluyendo la resolución de los casos excepcionales, como lo fue el caso del Fiscal.
Según el Conacyt, se trata de información “reservada” debido a que “el expediente, a la fecha, no ha llegado a una conclusión y por ende, no ha causado estado”. Sin embargo, el caso del Fiscal llegó a una resolución al otorgarle el nombramiento como investigador, según consta en el acta de la Comisión Especial Dictaminadora de abril de 2021 que fue presidida por el investigador Ernesto Villanueva.
El Conacyt también emitió un comunicado el 12 de junio pasado donde reconocía haber dado el nombramiento a Gertz como “reparación de daño”, e informó que no recibiría el estímulo económico mientras el fiscal no estuviera adscrito a una institución de investigación.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, asegura que “aunque el acta de la sesión forme parte de un proceso administrativo más amplio, es un documento público por mandato de ley y la decisión de mantener el documento bajo reserva parece más una táctica dilatoria, que un tema de debido proceso administrativo”.
Además, “la publicidad del documento es de interés público no solo por tratarse de un investigador del SNI, sino porque este investigador ostenta en este momento autonomía y facultades únicas en la estructura del Estado mexicano”, dijo a Animal Político.
La solicitud de transparencia fue hecha el 17 de agosto, pero el Conacyt extendió la entrega de respuesta hasta este 13 de octubre. La Unidad de Asuntos Jurídicos de Transparencia respondió con la “reserva”, pero sin que el caso hubiera sido dictaminado por su Comité de Transparencia que debe confirmar y sustentar los motivos para no entregar la información, según establece la Ley de Transparencia.
El caso Gertz en el SNI
Gertz solicitó en 2010 ingresar al SNI, el sistema de estímulos para los investigadores más destacados del país, pero fue rechazado debido a que sus columnas en periódicos que presentó en la solicitud, dos libros y artículos, no se trataban de “una productividad integral dentro de las actividades que definen el quehacer científico y tecnológico, orientado a la generación, aplicación y transmisión de nuevos conocimientos, tal como lo exigen los criterios específicos de evaluación de cada área”.
A partir de entonces emprendió un litigio en tribunales que obligó al Conacyt a evaluarlo en cuatro ocasiones más y en todas, confirmaba la negativa por no cumplir los requisitos para calificar su obra como investigación.
Después de agotar los tribunales, Gertz interpuso una queja en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapre) en abril de 2015 alegando discriminación, pero obtuvo una respuesta a su favor hasta esta administración, en agosto de 2020, según la resolución del director de quejas, César Flores Mancilla, y sin que hubiera titular del organismo, desde la renuncia de Mónica Maccise dos meses antes.
El Conapred concluyó que hubo “un trato diferenciado” hacia Gertz, por lo que ordenó una “reparación del daño”, que consistió en que el Conacyt evaluara por quinta vez los méritos del fiscal para su ingreso al sistema de investigadores, según se asienta en la resolución 01/2020, obtenida por Animal Político.
Eso permitió que el Conacyt creara la comisión especial ex profeso y concluyera con el nombramiento de Gertz como investigador, aunque no se dedique a hacer investigación.
El Conacyt se negó a entregar los documentos generados posterior a esa resolución y que este medio pidió vía transparencia y que incluyó “copia del las minutas o actas en las que determinan o deliberan respecto a la resolución del Conapred 01/2020 del expediente CONAPRED/DGAQR/399/15/DQ/I/DF/Q399”. También copia de las actas donde el Consejo General “decidió crear una Comisión Especial Dictaminadora para solventar el tercer punto de la queja” y las actas donde gira instrucciones para la Comisión Especial Dictaminadora”.
Tampoco entregó la minuta de la sesión donde hubiese discutido la resolución de la Comisión Especial Dictaminadora, pues esta debía pasar por el Consejo General del SNI para otorgar el nombramiento del fiscal.
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