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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alberto Bazbaz Sacal, quien fue designado en la dirección del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), es uno de los artífices de la fracasada política de combate al lavado de dinero en México: entre 2013 y 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que él dirigió hasta hoy, interpuso solamente 317 denuncias por presuntos hechos de lavado de dinero.
Informes recientes del Grupo de Acción Financiera (GAFI), de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del gobierno federal mostraron que el gobierno mexicano deja operar con impunidad a los grupos criminales, los políticos corruptos, los evasores fiscales y los demás criminales de cuello blanco, como lo documenta la revista Proceso en su edición 2149 que circula esa semana.
En 2016, por ejemplo, la Procuraduría General de la República (PGR) incautó 50 millones de dólares procedentes del lavado de dinero, apenas 0.1% de los 56.5 mil millones de dólares de dinero ilícito que cada año se genera en el país, según el gobierno federal.
En este esquema deficiente, la UIF -que dirigió Bazbaz- juega un papel fundamental: esta unidad centraliza millones de reportes sobre transacciones bancarias sospechosas y tiene acceso a los datos fiscales de los mexicanos y las empresas, los registros de comercio exterior, los expedientes judiciales y la información corporativa, entre otros.
Según el GAFI, la UIF tiene los “recursos y los conocimientos para recolectar y utilizar una gran variedad de inteligencia”, pero “la diseminación espontánea (de inteligencia) relativa al lavado de dinero y a otros delitos a la PGR es generalmente baja”.
En otras palabras: la UIF genera una enorme cantidad de información -su base de datos tiene más de 650 millones de registros-, pero pocas veces la comparte con la PGR para que ésta persiga los delitos -con una ineficiencia, además, de 98%-.
El GAFI observó que las autoridades mexicanas no consideran a la corrupción como una amenaza importante en materia de lavado de dinero; es decir, no dan prioridad a los delitos perpetrados por servidores públicos, aun cuando surgieron casos muy sonados de desvíos de dinero público en los últimos años.
Bazbaz renunció hoy a su cargo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) para sustituir a Eugenio Ímaz Gispert -un hombre muy cercano a Miguel Ángel Osorio Chong, hasta ayer secretario de Gobernación- en la dirección del Cisen.
Bazbaz fungió como procurador en el Estado de México entre 2008 y 2010, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El 25 de mayo de 2010 renunció a ese cargo, apenas cuatro días después de que la dependencia a su cargo informó que la muerte de la niña Paulette Gebara Farah fue producto de un accidente. En ese entonces, su gestión de la investigación fue severamente cuestionada.
Posteriormente, se dedicó a dar servicios de abogado y de consultor en el sector privado, hasta que Peña Nieto lo nombró al frente de la UIF en enero de 2013.
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