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Ciudad de México. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información afirmó que en México no todos los mexicanos tienen derecho a la conectividad, debido a la falta de infraestructura y cobertura que ha quedado evidenciada ante desastres naturales como los sismos de septiembre pasado, así como tormentas y huracanes.
Destacó que el nivel de penetración a telefonía fija en México, es de los más bajos en América Latina, ya que está apenas arriba de países como Cuba, Haití o Ecuador. Detalló que la penetración de telefonía móvil en el país sólo ha crecido 3 por ciento en 4 años, al pasar de 87 por ciento en abril de 2013 a 90 por ciento en el mismo mes de 2017.
La Amedi que preside Jorge Fernando Negrete, aseguró que esos resultados son consecuencia de la ausencia de políticas públicas que fomenten el acceso universal a las tecnologías y servicios de telecomunicaciones con mejor calidad y velocidad, a pesar de ser un mandato constitucional contemplado en el artículo sexto y décimo cuarto de la reforma constitucional.
“Ni la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), tampoco los operadores móviles, han hecho los esfuerzos suficientes para conectar a todos los mexicanos, pues se han enfocado en generar competencia sin cobertura”.
Sostuvo que la cobertura y la inclusión digital plenas serán asignaturas pendientes de la actual administración federal, “y habrá fallado en garantizar que las telecomunicaciones sean un servicio público de interés general que se preste en condiciones de cobertura universal”.
La AMEDI propuso que en la próxima licitación de la banda de 2.5 gigahercios el IFT imponga obligaciones de cobertura, despliegue y calidad de redes a todos los operadores que ya posean u obtengan bloques en esa frecuencia.
Advirtió que Altán Redes iniciará la operación de la Red Compartida en ciudades que están hiperconectadas, por lo que que es cuestionable el dicho de que dará cobertura al 30 por ciento de la población, y criticó que esta empresa ”disfruta de beneficios que ningún otro operador posee como un gran bloque de espectro de 90 megahercios (Mhz) en la banda de 70 MHz sin haber pagado una contraprestación. Asimismo, 30 por ciento de su financiamiento proviene de la banca de desarrollo, es decir, el gobierno le está prestando al consorcio 13 mil millones de pesos para instalar la red, cuando el único recurso que ofrecería el estado sería el espectro radioeléctrico y un par de hilos de fibra óptica” .
Ante este panorana la AMEDI señaló que el gobierno federal debe empezar a “preocuparse” por revertir estos elementos que no permitirán alcanzar cumplir con la conectividad como un derecho universal.
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