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CHILPANCINGO. Gro. (apro).- Las acciones del gobierno de Héctor Astudillo Flores para garantizar la seguridad y castigar crímenes en esta entidad colapsada por la narcoviolencia, impunidad y corrupción institucional, contradicen las recomendaciones de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el derecho a la Libertad de pensamiento y expresión, y la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en el continente.
El viernes 23 de junio, el mandatario designó a María Elena Jaimes Martínez, señalada por familiares de personas desaparecidas de tener presuntos nexos con la delincuencia, como coordinadora ejecutiva del Mecanismo estatal para la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas.
Mientras que el titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Xavier Olea Peláez, tomó protesta oficial la semana pasada a Rigoberta Román Orea como fiscal especializada para la investigación de delitos cometidos en agravio de personas que realizan labores periodísticas y defensores de derechos humanos.
Román Orea no solo carece de certificación en el nuevo sistema de justicia penal, sino también de exámenes de control y confianza al igual que 300 peritos, agentes del ministerio público del fuero común y policías ministeriales que laboran de manera ilegal en la dependencia y que están incurriendo en delitos federales al no estar facultados para integrar carpetas de investigación.
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