Astudillo condonó deudas a la empresa de un funcionario de su gobierno

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CHILPANCIGO, Gro. (apro).- En diciembre pasado, el gobierno estatal condonó adeudos fiscales por más de 28 millones de pesos a la empresa Grupo Inovador Constructor de Guerrero, propiedad del actual director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero (Cicaeg), Javier Taja Ramírez.

Lo anterior, a pesar de que la Dirección General de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas y Administración estatal (Sefina), determinó que en 2014 la constructora del actual funcionario estatal incurrió en omisiones fiscales y fue acusada de realizar “operaciones simuladas” para deducir el pago de impuestos a través de una red de empresas subcontratadas, como Comercare; Desarrollo Inmobiliario LB y Martha Beatriz Hernández Ramos, indican documentos oficiales obtenidos por la agencia Apro.

Incluso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene consideradas a las empresas subcontratadas por Javier Taja como “contribuyentes de riesgo” debido a que se comprobó que “no tienen empleados, activos, infraestructura o capacidad material para prestar servicios, producir, comercializar o entregar bienes que amparan los comprobantes fiscales”, refieren los documentos oficiales.

Taja Ramírez es considerado como uno de los principales operadores del gobernador Héctor Astudillo Flores, administrador de la obra pública en la entidad y quien ha sido acusado en narcomantas de realizar presuntos negocios al amparo del poder junto a su hermano, el ex diputado federal priista, Ricardo Taja.

Un informe de auditoría de la Sefina, emitido el 11 de septiembre de 2018 y firmado por el subsecretario de Ingresos, Dagoberto Sotelo García, indica que en septiembre de 2017 se ordenó una revisión al ejercicio fiscal 2014 de la empresa Grupo Inovador (sic) Constructor de Guerrero.

La constructora es propiedad de Javier Taja Ramírez, actual director del Cicaeg –organismo público del gobierno estatal encargado de utilizar recursos federales para la construcción y reparación de caminos en la entidad–, indica el acta constitutiva de la empresa conformada con un capital de 50 mil pesos, el dos de marzo de 2007 en el puerto de Acapulco y certificada dos años después por el notario público 1 de San Luis Acatlán, Martín Delfino Aguirre Morga.


Las irregularidades

Al respecto, la constructora de Taja reportó un ingreso anual en 2014 de 81 millones 721 mil 489.29 pesos, así como deducciones por 80 millones 923 mil 154 pesos y una utilidad de 798 mil 335 pesos, señala el reporte oficial.

No obstante, la unidad fiscalizadora de la Sefina detectó “depósitos no identificados” a la cuenta de la empresa 0160674109 de Bancomer, por la cantidad de seis millones 165 mil 583 pesos y determinó que los ingresos reales de la empresa Grupo Innovador Constructor de Guerrero en ese año fue de 87 millones 887 mil pesos.

En el tema de pago de impuestos, se detectó que de los más de 80 millones declarados por la empresa por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), 28 millones 55 mil 971 pesos corresponden a una cantidad que “no produce efectos jurídicos” porque corresponden a deducciones por concepto de gastos y costo de obra que “no reúnen los requisitos” que exige la norma fiscal vigente.

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En este tema, la auditoria de la Sefina a la empresa constructora de Taja concluyó que la declaración fiscal real de 2014 ascendió a 52 millones 867 mil 182 pesos.




El informe oficial refiere que los más de 28 millones de pesos detectados como deducciones fiscales irregulares en la constructora de Taja, se hicieron a través de prestadores de servicios subcontratados considerados por el SAT como “contribuyentes de riesgo”, con las que llevó a cabo “operaciones simuladas”.

Entre las empresas subcontratadas señaladas por la auditoria de la Sefina se encuentran Comercare Servicios Profesionales, con la que Taja reportó deducciones fiscales por 24 millones 790 mil 925 pesos por diversos conceptos, entre ellos, renta de maquinaria y camiones, señalamientos, y trabajos de pavimento y acero.

No obstante, el SAT emitió la resolución 500-05-2016-27032 en julio de 2016 donde ordena “el rechazo de todo tipo de operaciones con esta empresa por tratarse de actos simulados” y como consecuencia, las deducciones fiscales no producen ningún efecto jurídico.

La segunda empresa subcontratada por Taja fue Desarrollo Inmobiliario LB, con la que dedujo dos millones 931 mil pesos y el SAT también la considera como un contribuyente de riesgo, porque no ha presentado declaración anual desde 2014, indica la resolución oficial.

La tercera empresa está a nombre de una persona física identificada como Martha Beatriz Hernández Ramos, quien presuntamente recibió pagos por 334 mil pesos por concepto de renta de maquinaria y de la misma forma está señalada como un “contribuyente de riesgo”, señala el acuerdo 500-05-2017-2457 del SAT fechado el primero de febrero de 2017.

El SAT ordenó mediante las resoluciones legales previas el rechazo de todo tipo de operaciones con las dos empresas y la persona física subcontratadas por Grupo Inovador Constructor Guerrero porque se demostró que “no tienen empleados, activos e infraestructura o capacidad material directa o indirecta para prestar servicios o producir, o comercializar, o entregar bienes que amparan los comprobantes fiscales”, señala el informe de auditoría de Sefina.

No obstante, el 20 de diciembre pasado, la Sefina emitió un acuerdo firmado por la encargada de la Coordinación Fiscal de la Sefina, Paula Ayala García, donde se ordena a la empresa Grupo Inovador Constructor Guerrero de Javier Taja a pagar sólo 270 mil pesos para subsanar la irregularidad de “ingresos omitidos”, de los cuales, la empresa sancionada sólo ha emitido un pago de 126 mil pesos.


De esta forma, el gobierno estatal condonó el pago de impuestos por más de 28 millones y cerró el expediente negro de la empresa de uno de los principales operadores en obra pública del gobernador Astudillo.

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